La diputada local María Mercedes Colín Guadarrama, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que las autoridades estatales y municipales del Estado de México adopten una perspectiva de persona adulta mayor en todos sus trámites, servicios públicos, actuaciones y decisiones gubernamentales.
Durante una sesión deliberante del Congreso mexiquense, la legisladora sustentó la iniciativa en datos del Consejo Estatal de Población (COESPO) y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, los cuales indican que en la entidad residen un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más. Según estas proyecciones demográficas, para 2030 cerca de 15 de cada 100 habitantes alcanzarán ese rango de edad, y hacia 2050 la cifra llegará a 4.8 millones.
Alcance de la reforma y barreras institucionales
Colín Guadarrama explicó que la perspectiva de persona adulta mayor consiste en un conjunto de reglas y principios orientados a detectar si la edad avanzada genera obstáculos o desventajas en el ejercicio de derechos fundamentales, con el objetivo de corregir dichas desigualdades garantizando la dignidad, autonomía y capacidad jurídica del sector.
La proponente precisó que la medida no busca otorgar preferencias automáticas, sino eliminar barreras estructurales, urbanas y tecnológicas en acciones cotidianas, tales como facilitar gestiones administrativas, garantizar el acceso a plataformas digitales y habilitar mecanismos de atención adecuados en oficinas públicas. Asimismo, advirtió que el 41 por ciento de las personas adultas mayores percibe discriminación en dependencias y servicios gubernamentales.

Responsabilidades para el Ejecutivo y municipios
La iniciativa establece que tanto el Poder Ejecutivo estatal como las presidencias municipales tendrán la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones bajo este principio, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Para asegurar su cumplimiento, el documento plantea que dichas estrategias deberán incorporarse de manera formal en los planes de desarrollo estatal y municipales correspondientes, superando el enfoque asistencialista con el que históricamente se ha atendido a este grupo poblacional.