Proponen vigilar rentas de inmuebles públicos en Estado de México
Toluca
Fecha: 12-10-2026
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de México busca reforzar la supervisión de los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados por dependencias gubernamentales, con el objetivo de prevenir sobreprecios y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.
El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, impulsó una reforma a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, al señalar que existen arrendamientos con costos elevados que podrían afectar las finanzas públicas.
De acuerdo con el legislador, alrededor de 600 inmuebles son rentados por ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos de la entidad. Advirtió que algunos espacios ubicados en Toluca alcanzan precios que, según su comparación, superan los registrados en ciudades como Nueva York, París y Miami.
Como ejemplo, mencionó el edificio que ocupa el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), cuyo arrendamiento asciende aproximadamente a 500 mil pesos mensuales, mediante un contrato firmado por un periodo de 10 años.
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Buscan evitar sobreprecios y mejorar la contratación
Martínez Vargas cuestionó la duración del contrato, al considerar que rebasa el periodo de una administración pública. También señaló que el inmueble fue entregado en obra negra y posteriormente acondicionado con recursos públicos, sin que, afirmó, esa inversión se reflejara en una reducción de la renta.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 8, 37, 40 y 74 de la legislación estatal, además de ampliar las atribuciones de la Oficialía Mayor para establecer lineamientos y supervisar los procedimientos de arrendamiento.
Entre los nuevos criterios de evaluación se incluyen la eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y posibilidades de ahorro para el erario, además del precio de renta.
Asimismo, plantea desechar avalúos con irregularidades técnicas y notificarlos a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas.
La iniciativa también propone impedir contrataciones con particulares o empresas que incurran en sobreprecios, simulen avalúos o incumplan condiciones de mantenimiento y seguridad.
