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01 de Junio del 2025

Política

Pueblos originarios buscan transformar un sistema judicial excluyente

Previo a la elección judicial que se celebrará este primero de junio, se marca un hito en la historia democrática del Estado de México.

Por primera vez, los ciudadanos mexiquenses elegirán de manera directa a jueces, magistrados y a la persona que encabezará el Tribunal Superior de Justicia, en un proceso que busca fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.

En estas elecciones, los pueblos originarios del Estado de México, mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca, históricamente marginados y con poca representación en los órganos de justicia, buscan hacer valer sus derechos mediante la participación de aspirantes comprometidos con sus causas.

Su objetivo es impulsar una justicia con enfoque intercultural e incluyente que responda a las demandas de sus comunidades.

Sin embargo, enfrentan retos como la falta de reconocimiento institucional de sus formas propias de organización y resolución de conflictos, así como la dificultad para comprender normas diseñadas sin considerar sus realidades culturales y lingüísticas.

El cambio en los integrantes del Poder Judicial busca también una transformación del sistema de justicia; a pesar de ello expertos en la materia advierten que esto no garantiza un cambio real.

La población indígena del Estado de México representa aproximadamente el 2.5 por ciento del total de habitantes, con más de 400 mil personas que se reconocen como parte de alguno de los pueblos originarios. 


Ante este panorama, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas ha hecho un llamado a la participación activa en el proceso judicial, con el objetivo de erradicar un Poder Judicial que, señalan, se ha caracterizado por ser un sistema formalista, elitista, clasista y racista, arraigado en buena parte de quienes lo integran, tanto a nivel federal como local.


 Señalan que los derechos de los pueblos originarios, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, continúan siendo ignorados, lo que se traduce en prácticas discriminatorias y en resoluciones que no aseguran el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.






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