La reforma del Poder Judicial en México ha colocado nuevamente en el centro del debate público temas clave como el déficit de jueces, la independencia judicial y la propuesta de elección popular de juzgadores. La iniciativa, que contempla renovar 881 cargos y permitir que jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano, busca democratizar la judicatura y combatir la corrupción; sin embargo, también ha generado preocupación por los posibles riesgos a la autonomía del poder judicial.
Datos del INEGI revelan que en 2023 había 6 mil 730 personas juzgadoras en los órganos jurisdiccionales federales y estatales, lo que representa una tasa de apenas 5.1 por cada 100 mil habitantes. Aunque entre 2010 y 2023 el número de jueces aumentó un 34.6 por ciento, el déficit persiste. A ello se suma el creciente interés ciudadano: más de 50 mil personas han registrado su intención de competir por un cargo como juez o magistrado.