Productores o quienes compran pollo, huevo, tortillas o materiales de construcción para su venta, podrían estar respaldados por la autoridad en caso de ser víctimas de posibles miembros del crimen organizado que los obligan adquirir sus productos en ciertos rastros o fijar un precio y es que el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, ingreso a la legislatura local la iniciativa de reforma para que en el Código Penal está práctica sea consideradas un delito y alcance una pena de siete a 15 años de prisión.
Esta reforma, está contemplada dentro de los delitos contra la economía y las actividades comerciales.
Cervantes Martínez detalló, que los trabajadores del campo, también han sido parte de está presión de integrantes de la delincuencia organizada para que paguen ciertas cuotas.