Nueve denuncias administrativas y una solicitud de auditoría especial fueron presentadas contra integrantes de la administración municipal de Chapa de Mota, a partir de señalamientos por posibles malos manejos de recursos, irregularidades en nómina, presunto nepotismo, conflictos de interés y obstrucción de las funciones de integrantes del Cabildo.
El síndico municipal, Antonio García Pérez, y la primera regidora, María del Rosario Franco Barrera, dieron a conocer que los procedimientos fueron presentados ante distintas instancias del Estado de México y que parte de ellos derivan de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Uno de los señalamientos corresponde a la revisión de la nómina municipal, en la que se localizaron 184 movimientos con estatus aplicado o aceptado por un monto neto de un millón 480 mil 584.01 pesos.
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Cuestionan movimientos y vínculos familiares
De acuerdo con los denunciantes, en la revisión fueron identificadas ocho personas como posibles responsables de los movimientos analizados, quienes presuntamente tendrían parentesco o algún vínculo con la presidenta municipal, María Guadalupe Franco Cruz. Algunos de ellos, señalaron, desempeñarían funciones dentro de la administración.
Los funcionarios plantearon que los movimientos de altas y bajas de personal deben ser confrontados con los informes internos y la documentación administrativa que sustente las contrataciones y pagos.
El síndico informó que siete de los nueve procedimientos fueron promovidos por él. Entre ellos se encuentran tres denuncias contra la presidenta municipal ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y otra relacionada con la alcaldesa y su esposo para investigar posibles irregularidades en la nómina. También se presentaron tres denuncias contra la tesorera municipal y una contra el secretario del Ayuntamiento ante el órgano interno de control.

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Solicitan auditoría y revisan violencia política
Además de las nueve denuncias, se solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) una auditoría especial para revisar la nómina correspondiente a 2025 y parte de 2026.
Por separado, la primera regidora informó que el 18 de julio presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) una denuncia por presunta violencia política en razón de género, en la que señaló a la presidenta municipal y a su esposo, José Luis García Guzmán, presidente honorífico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La regidora señaló actos que, desde su perspectiva, han obstaculizado el ejercicio de su cargo, entre ellos el cambio de la chapa de su oficina y expresiones que atribuyó al presidente honorífico del DIF. Las nueve denuncias fueron remitidas a las instancias correspondientes el 31 de agosto. Será responsabilidad de los órganos competentes determinar si los hechos señalados constituyen irregularidades y si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.