Sin escrituras, familias viven en incertidumbre legal

Tener las escrituras de una vivienda no solo representa un papel en el archivo personal de una familia: es la garantía legal de que ese inmueble les pertenece y les brinda certeza jurídica sobre su patrimonio. 

Sin este documento, los riesgos legales, económicos y sociales aumentan significativamente, pues se pierde la posibilidad de ejercer derechos como la herencia, venta o acceso a ciertos programas de apoyo gubernamental.

En México, este es un problema más común de lo que parece. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024 del INEGI, se estima que una cuarta parte de las viviendas en el país no cuentan con escrituras, lo que compromete la seguridad jurídica de millones de familias.

Tan solo en el Estado de México, alrededor de 500 mil viviendas habitadas carecen de certeza legal sobre la propiedad, lo que refleja la magnitud del rezago en la regularización del patrimonio inmobiliario.

A pesar de que existen programas para la regularización de vivienda tanto a nivel federal como estatal, muchos ciudadanos no hacen uso de ellos. A nivel nacional, el gobierno ha impulsado acciones con el apoyo de instituciones como el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

En el Estado de México, se han implementado programas como Vivienda para el Bienestar, así como acciones del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), con el objetivo de brindar certeza jurídica a quienes habitan en inmuebles sin escrituras. Sin embargo, según el abogado Jorge Rodríguez, especialista en temas inmobiliarios, la sociedad no accede a estos apoyos principalmente por falta de información y, en segundo lugar, por los trámites burocráticos que desalientan la participación.

Dejar una vivienda o propiedad sin escrituras expone a millones de personas a una situación de vulnerabilidad jurídica y limita su acceso a múltiples beneficios y protecciones legales. Sin este documento, los habitantes pueden enfrentar serias complicaciones al intentar vender, hipotecar, heredar o incluso conservar su vivienda, ya que carecen del respaldo oficial que acredite su legítima posesión. 

Esta falta de certeza legal no solo afecta su patrimonio, sino también su estabilidad y proyección a futuro.