El crecimiento de los programas sociales federales ha elevado también el desafío de comprobar que los recursos lleguen a quienes deben recibirlos, sin intermediarios, duplicidades o irregularidades en los padrones.
Para 2026, el Ramo 20 Bienestar cuenta con un presupuesto aprobado de 674 mil 510 millones de pesos, un incremento real de 91.1 por ciento respecto a 2025, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. A nivel nacional, el Gobierno federal informó que los Programas para el Bienestar tendrán recursos por más de un billón de pesos y una cobertura de 42.9 millones de personas.
Uno de los principales programas es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 le asignó 471 mil 802.8 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Bienestar reportó en junio una inversión social de 526 mil 508 millones de pesos para este programa, con 13.6 millones de derechohabientes; se trata de cifras que corresponden a conceptos presupuestarios distintos y por ello no deben compararse como si fueran exactamente el mismo indicador.

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¿Cuánto llega directamente y cuánto cuesta operarlo?
Las reglas de operación de 2026 establecen que hasta 1.25% del presupuesto de la pensión puede destinarse a planeación, operación, supervisión, seguimiento, atención ciudadana y evaluación. Tomando como referencia el presupuesto de 471 mil 802.8 millones, ese límite equivaldría a aproximadamente 5 mil 897.5 millones de pesos; el resto tendría que permanecer destinado al programa.
En 2026, las propias reglas establecen que los apoyos deben entregarse directamente y sin intermediarios. Para denunciar irregularidades existen el Órgano Interno de Control de Bienestar, el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, los módulos de atención y la Plataforma Nacional de Transparencia.
El crecimiento presupuestal, por tanto, coloca la fiscalización de padrones, tiempos de entrega y posibles condicionamientos como un punto clave para medir la eficiencia de los programas.