Tratamiento de aguas residuales: ley vigente, realidad ausente
En México, la Ley de Aguas Nacionales y las legislaciones estatales, como la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, establecen la obligación legal de tratar las aguas residuales Sin embargo, esta norma choca con una realidad alarmante, pues en la entidad no se cumple debidamente debido a la falta de inversión, plantas inoperantes y escasa supervisión
De acuerdo con datos oficiales de 2024 de la Secretaría del Agua del Estado de México, solo el 32 por ciento de las aguas residuales generadas en la entidad recibe algún tipo de tratamiento, lo que evidencia un grave rezago en el cumplimiento de la normatividad ambiental. Esta situación es especialmente preocupante en una entidad que genera diariamente alrededor de 11.2 millones de metros cúbicos de aguas negras.
El sistema estatal de saneamiento cuenta con 234 plantas tratadoras, aunque muchas de ellas operan por debajo de su capacidad o presentan fallas técnicas, resultado de años de desinversión, falta de mantenimiento y una supervisión insuficiente.
En el Estado de México, el tratamiento de aguas residuales presenta serias deficiencias. Según el Plan de Desarrollo 2023-2029, en 2021 la entidad contaba con 135 plantas de tratamiento municipales, aunque muchas operan parcialmente: algunas permanecen apagadas por largos periodos y otras, aunque activas, no cumplen con las normas ambientales. De un caudal de diseño de 9,005.2 litros por segundo, solo se trata efectivamente el 62%, es decir, 5,604.9 l/s.
En Toluca, por ejemplo, se generan más de 136 km³ de aguas negras al día que desembocan principalmente en el río Lerma.
El manejo inadecuado de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, vertidas sin tratamiento, genera una alta carga contaminante que deteriora cuerpos de agua, provoca daños ambientales, riesgos sanitarios y eleva los costos futuros en infraestructura y salud.
La infraestructura obsoleta e insuficiente de los organismos operadores de agua y saneamiento ha derivado en múltiples problemáticas: una menor dotación de agua para la población, pérdidas significativas de agua potable, la contaminación de cuerpos de agua y la intensificación de afectaciones durante las inundaciones.
Si bien existen estrategias orientadas a mejorar esta situación como el Plan Estado de México la falta de ejecución y seguimiento ha impedido que estas soluciones se traduzcan en beneficios reales y sostenibles para la población y el medio ambiente.
