Universidades públicas exigen mayores recursos financieros y estrategias de seguridad

Durante una reunión de trabajo celebrada con representantes de instituciones de educación superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, advirtió sobre la vulnerabilidad ante hechos de violencia y la crisis financiera que enfrentan los planteles públicos del país. 

En el encuentro, realizado con la presencia de la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presidenta del consejo regional centro sur, Viridiana León Hernández, se alertó que durante el último trimestre al menos cinco universidades han registrado casos de violencia externa contra la comunidad estudiantil, una problemática que requiere soluciones colectivas y el acompañamiento de organismos nacionales para exigir condiciones de paz.

La máxima casa de estudios mexiquense señaló que, frente a este contexto, se han implementado protocolos de atención a la violencia, mesas de trabajo permanentes con autoridades y la creación de la secretaría de igualdad sustantiva y cuidados, además de buscar una mayor coordinación con autoridades municipales y estatales. 

Sin embargo, la institución recalcó que la seguridad debe ser una prioridad nacional articulada mediante estrategias de alcance general que garanticen entornos óptimos para la academia y el desarrollo de las juventudes universitarias.

Crisis presupuestaria y gratuidad en la educación superior

En el aspecto económico, la rectora indicó que las universidades públicas del país enfrentan un panorama desafiante debido a que el gasto en educación superior acumula una caída en términos reales de cerca del 40 por ciento en la última década. 

Esta restricción presupuestaria ha afectado directamente al personal docente y administrativo, por lo que se requiere la asignación de recursos adicionales para atender el déficit salarial, las reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, y la creación de un fondo solidario de mantenimiento e infraestructura.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de contar con 27 mil millones de pesos de asignación gradual para constituir el fondo federal especial destinado a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Aunque la universidad mexiquense ha logrado una reducción cercana al 20 por ciento en las inscripciones en los últimos tres semestres para avanzar en el mandato constitucional, las autoridades advirtieron que se encuentran al límite de su operación financiera, por lo que cualquier avance adicional resulta imposible sin el respaldo solidario del gobierno federal.