Videovigilancia no garantiza transporte seguro

En mayo de 2024 entró en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno, la cual establece que todas las unidades de transporte público deben contar con sistemas de videograbación en su interior como medida obligatoria de seguridad.

Para dar cumplimiento a esta disposición, el gobierno estatal ha destinado recursos públicos a la instalación de equipos de vigilancia conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

De acuerdo con autoridades estatales, estas herramientas tecnológicas han contribuido a combatir la incidencia delictiva, logrando una disminución del 12.9 por ciento en robos al transporte público y una reducción del 9.4 por ciento en robos a transportistas durante 2024, en comparación con el año anterior.

Sin embargo, en muchos casos, los sistemas de videovigilancia instalados no funcionan adecuadamente o no son revisados con oportunidad para dar seguimiento a los delitos.

Esta falta de mantenimiento y supervisión limita su efectividad y ha generado desconfianza entre los usuarios del transporte público.

Muestra de ello es que, pese a los esfuerzos y las inversiones, la percepción de inseguridad en Toluca se situó en 74.6 por ciento en diciembre de 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Esto indica que una gran parte de la población aún no se siente segura al utilizar este servicio, lo que pone en entredicho el verdadero impacto de las medidas implementadas.

Esta situación obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre el uso real de estas herramientas tecnológicas y su impacto concreto en la reducción de la inseguridad en el transporte público. Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en ciertos delitos, la alta percepción de inseguridad entre la ciudadanía refleja que aún existen brechas importantes entre la inversión realizada, el funcionamiento efectivo de los sistemas y los resultados esperados en materia de seguridad.