Miriam, una mujer que fue víctima de tortura, violación y detención arbitraria por parte de elementos policiacos, encabezó este jueves una manifestación a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna 1, para exigir justicia y denunciar la impunidad en su caso.
Según su testimonio, durante su detención fue sometida a múltiples agresiones físicas y sexuales: recibió golpes severos, sufrió la fractura de la clavícula, fue desnudada, fotografiada sin consentimiento, y perdió varios dientes cuando los agentes introdujeron una botella de plástico en su boca. Las imágenes tomadas durante estos hechos habrían sido difundidas por los propios elementos involucrados.
Tras permanecer bajo arraigo domiciliario por más de 10 meses, Miriam fue trasladada al penal de Piedras Negras. Durante ese trayecto, denunció haber sido violada por cuatro agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Su encarcelamiento se extendió por más de dos años y cuatro meses hasta que finalmente fue absuelta.
Pese a la gravedad de los hechos, las carpetas de investigación relacionadas con las agresiones no han sido judicializadas. De acuerdo con la denunciante, ni las pruebas presentadas en dos peritajes del Protocolo de Estambul, que acreditan tortura, ni las gestiones realizadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos han derivado en acciones legales contra sus agresores.
Incluso tras sostener reuniones con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, no se han registrado avances significativos en el caso.
Además, denunció la revictimización mediática a la que fue expuesta, luego de que un conductor de noticias difundiera su imagen violando su derecho a la presunción de inocencia, al presentarla públicamente como culpable.
Durante la protesta, colectivos y organizaciones que acompañan a Miriam exigieron: Reparación integral del daño; Atención psicológica y psiquiátrica continua; Judicialización inmediata de las carpetas de investigación. También responsabilizan al Gobierno del Estado por cualquier agresión futura que pueda sufrir Miriam o su familia.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes señalan una preocupante falta de acceso a la justicia y un patrón de violencia institucional y de género por parte de las autoridades.
