Attolini solicita juicio político contra alcalde de Torreón y Auditor del Estado

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó este lunes ante la Junta de Gobierno del Congreso del Estado dos denuncias formales de juicio político, dirigidas contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y contra el Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones.

Los documentos fueron entregados a la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, en las instalaciones del Poder Legislativo.

Señalamientos contra el alcalde de Torreón

En la primera denuncia, Attolini acusa al alcalde Román Alberto Cepeda de incurrir en: Violaciones a garantías individuales y sociales, usurpación de atribuciones, infracciones a las Constituciones federal y estatal, violaciones a leyes federales y estatales, omisiones graves, perjuicios al municipio y a la sociedad y violaciones a planes y presupuestos municipales

En la narración de hechos el legislador citó como ejemplos ocultamiento de información y  fallas en protocolos de seguridad en el accidente vial ocurrido el 21 de enero de 2024 en el Estadio Territorio Santos Modelo, donde perdió la vida una mujer y resultaron lesionados varios aficionados del Club Monterrey; además del incremento de feminicidios en Torreón durante 2024, el asesinato de un habitante del ejido Mieleras a manos de un policía del Grupo de Reacción Torreón, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a derechos humanos, así como presuntas afectaciones al erario municipal derivadas de irregularidades documentadas por la Auditoría Superior del Estado.

El legislador también advirtió posibles delitos, como abuso de funciones, alteración u ocultamiento de información oficial y desacato a autoridades fiscalizadoras.

Denuncia contra el Auditor Superior del Estado

La segunda denuncia se dirige al Auditor Superior, Manuel Ramírez Briones, a quien Attolini acusa de omisiones graves, manejo indebido de información fiscalizadora y de incurrir en presuntas conductas que podrían constituir abuso de funciones y encubrimiento.

El señalamiento central se concentra en la gestión de expedientes administrativos derivados de las revisiones de años anteriores.

La omisión clave: 75 expedientes archivados

Según Attolini, el Auditor presentó 75 denuncias penales por irregularidades detectadas en los ejercicios 2017 y 2018. Sin embargo, de manera paralela archivó todos los expedientes administrativos relacionados con esas mismas irregularidades, pese a que contenían faltas consideradas graves.

"Si las irregularidades eran lo suficientemente graves para presentar denuncias penales, ¿por qué archivó los expedientes administrativos sin enviarlos al Tribunal de Justicia Administrativa, como obliga la ley?", cuestionó.

De acuerdo con el legislador, esta actuación constituye una omisión negligente o dolosa, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga al Auditor a remitir al Tribunal los expedientes que acrediten faltas administrativas graves.

Torreón concentra los montos más altos de irregularidades

Attolini también expuso datos sobre las cuentas públicas de 2022 y 2023, en las que, según señaló, existe un patrón de decisiones discrecionales por parte de la Auditoría Superior..

En el ejercicio 2022 dijo que Torreón registró el mayor monto de irregularidades denunciadas: casi 168 millones de pesos. Múzquiz, en contraste, solo reportó 23 millones de pesos.

En el ejercicio 2023, la Auditoría Superior solo presentó una denuncia penal, nuevamente contra Torreón, por casi 128 millones de pesos.

En total, las denuncias penales acumuladas contra Torreón suman casi 296 millones de pesos, muy por encima de las reportadas en otros municipios.

Pese a que Torreón concentra el mayor monto de irregularidades detectadas, Attolini cuestionó que el Auditor Superior solo haya iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa grave contra una exalcaldesa de un solo municipio, de Múzquiz.

"¿Por qué no se han iniciado procedimientos graves en los otros seis municipios denunciados? ¿Por qué no existe ningún proceso contra funcionarios de Torreón, pese a ser el municipio con mayores irregularidades? ¿Cuál es el criterio del Auditor para decidir a quién sancionar?", cuestionó,

Attolini subrayó que, al sumar los montos observados en Arteaga, Francisco I. Madero, Frontera, Monclova, Múzquiz y Zaragoza, no alcanzan ni una cuarta parte del total atribuido a Torreón, lo que, afirma, genera dudas sobre "una posible selectividad" en la aplicación de la ley.

El caso queda en manos del Congreso

Con las denuncias formalmente presentadas, será la Junta de Gobierno y las comisiones correspondientes del Congreso quienes determinen si existen elementos para iniciar los procesos de juicio político.