La construcción de un nuevo centro de detención de migrantes en las instalaciones del viejo Aeropuerto Dade-Colier al oeste de Miami ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad internacional
El proyecto, apodado irónicamente como "Alligator Alcatraz", está siendo fuertemente cuestionado no solo por su capacidad -hasta 5 mil personas detenidas- sino por las condiciones y motivos detrás de su ubicación.
El terreno elegido se encuentra en una zona remota y rodeada de humedales, hábitat natural de caimanes. Según reportes locales, la presencia de estos animales fue uno de los motivos para seleccionar el lugar, junto con su difícil acceso.
Este hecho ha encendido alarmas entre ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y habitantes de comunidades cercanas, que denuncian las múltiples implicaciones éticas, ambientales y de seguridad que representa este centro.
El debate también ha estallado en redes sociales, donde las posturas están divididas. Algunos usuarios denuncian la deshumanización y aislamiento extremo como una forma de castigo encubierto hacia los migrantes
Otros, en cambio, lo celebran y acusan de hipocresía a los críticos, señalando que administraciones anteriores -como las de Obama y Biden- también implementaron centros de detención cuestionables, refiriéndose a los famosos espacios temporales apodados como "jaulas".
Pero este centro -con su nombre de caricatura y sus reptiles reales- no surgió en un vacío. Para muchos, más que una aberración, es simplemente la evolución grotesca de una política que, desde hace más de una década, ha normalizado el encierro como respuesta a la migración.
Y si hoy se habla de caimanes, ayer se hablaba de jaulas
Las "jaulas" de 2014: el antecedente en la era Obama que sigue generando debate
Cuando se habla de centros de detención de migrantes, muchas críticas actuales retoman un episodio clave del pasado reciente: las llamadas "jaulas" construidas durante la administración de Barack Obama en 2014.
Estas instalaciones surgieron como respuesta a una oleada de menores no acompañados, provenientes principalmente de países de Centroamérica. El objetivo, según el gobierno en ese momento, era procesar y resguardar temporalmente a los niños mientras se definía su situación migratoria.
Las instalaciones eran espacios divididos con cercas de malla metálica y alambre, diseñadas para separar a los migrantes por grupos, especialmente por edad y género.
Aunque fueron criticadas por organizaciones de derechos humanos y medios, el enfoque oficial era transferir a los menores a centros del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en un plazo máximo de 72 horas, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Flores, que establece estándares mínimos para la detención y trato de menores migrantes.
Los principales estados donde se documentó el uso de estas estructuras fueron Texas y Arizona, zonas clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos
La era Trump y la política de "tolerancia cero": más allá de las jaulas
Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, la política migratoria tomó un giro mucho más agresivo.
En 2018, la administración implementó la política de "tolerancia cero", que ordenaba procesar penalmente a todos los adultos que cruzaran la frontera de forma irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Patrulla Fronteriza (CBP) fueron los encargados de ejecutar estas medidas, que derivaron en una de las acciones más controversiales: la separación sistemática de familias migrantes.
En tan solo las primeras seis semanas, se estima que cerca de 2,000 niños fueron separados de sus padres
Muchos de estos menores fueron enviados a centros como el de McAllen, Texas, conocido informalmente como "Ursula" o "La Perrera" por su aspecto de jaula industrial.
Las condiciones dentro de estos lugares fueron descritas como hacinadas, insalubres y frías, lo que provocó denuncias por daños psicológicos y posibles violaciones a los derechos humanos.
Aunque la política fue revertida meses después por la presión pública y legal, las separaciones no cesaron por completo, continuando a menor escala en casos donde se cuestionaba la relación familiar o había antecedentes penales.
Las imágenes de niños enjaulados y llorando, difundidas mundialmente, causaron un fuerte impacto internacional
Biden y la promesa del cambio
Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, muchos esperaban un cambio radical en la política migratoria estadounidense. Pero la realidad fue más compleja.
La administración continuó utilizando instalaciones como la de Donna, Texas, para procesar a menores no acompañados, debido a un récord histórico de llegadas: más de 18 mil niños solo en marzo de ese año.
Las condiciones dentro de estos centros volvieron a ser motivo de preocupación. Operaban al 700% de su capacidad, con denuncias sobre hacinamiento, falta de acceso a duchas, alimentos adecuados y atención médica.
Imágenes de menores durmiendo en bolsas térmicas de plástico transparente en espacios reducidos generaron nueva controversia mediática.
Si bien las autoridades argumentaron que se trataba de medidas temporales debido al volumen extraordinario de llegadas, las críticas no se hicieron esperar.
Campañas como #NoKidsInCages volvieron a surgir, evidenciando que, pese al cambio de gobierno, la infraestructura, el enfoque y las soluciones reales a la crisis migratoria infantil seguían pendientes
¿Será que el debate en redes, en lugar de acercarnos a soluciones, solo nos ha acostumbrado a comparar horrores y elegir bandos?
Mientras discutimos quién tuvo la "peor política", las personas migrantes siguen pagando el precio de esa disputa.
¿No es hora de dejar de hablar de "quién fue peor" y empezar a preguntarnos qué hacemos para que esto termine?"