Persona non grata: una sanción diplomática sin juicio ni apelación

Recientemente, el Congreso de Perú declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como persona non grata, lo que en términos diplomáticos significa que ya no es bienvenida en ese país. 

Pero, ¿qué implica realmente esta designación y por qué se utiliza?

El calificativo persona non grata es empleado en el ámbito de las relaciones internacionales para indicar que un individuo -por lo general, un diplomático extranjero- ya no es aceptado o bienvenido en el territorio de un Estado.

La figura está regulada por el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece que cualquier país puede declarar a un representante extranjero como no deseado en cualquier momento, sin necesidad de ofrecer explicación alguna.

Consecuencias inmediatas

Cuando una persona es declarada non grata y se encuentra dentro del territorio, debe abandonar el país en un plazo que suele ir de 24 a 72 horas, aunque este puede variar según la legislación local.

Si el individuo no sale en el tiempo establecido, pierde su inmunidad diplomática y puede ser tratado como cualquier ciudadano extranjero, lo que abre la puerta a arrestos, deportaciones o sanciones.

En el caso de Sheinbaum, la declaración del Congreso peruano incluyó también la solicitud de expulsión de la encargada de la embajada mexicana en Lima, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales

Motivos más comunes

Aunque no se exige que el país emita una justificación oficial, las razones más frecuentes detrás de estas declaraciones incluyen:

• Espionaje

• Interferencia en asuntos internos

• Actividades criminales

• Violaciones a normas diplomáticas

• Conflictos ideológicos

• Represalias políticas

Estas decisiones no implican necesariamente la ruptura formal de relaciones diplomáticas, pero sí generan fricciones que pueden escalar en el plano político o comercial

Una herramienta de soberanía

En esencia, la declaración de persona non grata es una medida de soberanía, que permite a un Estado proteger sus intereses y su dignidad diplomática sin recurrir a procesos judiciales ni dar explicaciones públicas.

Aunque esta figura se aplica sobre todo a diplomáticos, también puede extenderse a periodistas, activistas o figuras políticas extranjeras, dependiendo de las leyes migratorias de cada país, lo que puede traducirse en restricciones de entrada o veto permanente.