Verónica Martínez alerta sobre centralización del agua en nueva reforma federal

La discusión sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México continúa generando controversia. La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, advirtió que la iniciativa busca centralizar el control del agua en el Gobierno Federal. Aunque la propuesta se presenta como un mecanismo para garantizar el derecho humano al agua, la legisladora sostiene que en realidad otorga a la Federación el mando absoluto sobre la administración del recurso hídrico, lo que podría afectar a quienes dependen directamente de él.

Martínez García explicó que la estructura planteada para el nuevo consejo regulador excluye a productores, empresas, especialistas y representantes sociales, ya que estaría integrado únicamente por funcionarios federales. Según dijo, esta conformación elimina el equilibrio necesario en la toma de decisiones y deja fuera a sectores que históricamente han participado en la gestión del agua en regiones agrícolas, industriales y urbanas. "Es una ley que acapara y centraliza el poder del vital líquido para el Gobierno Federal", afirmó.

La diputada detalló que, durante la madrugada del jueves, se realizaron 72 correcciones al documento, lo que a su juicio refleja la prisa por aprobar la reforma y evidencia inconsistencias técnicas y jurídicas que aún no se han resuelto. Añadió que, pese a los ajustes, el fondo del proyecto continúa orientado a reforzar la centralización del recurso hídrico.

Por esta razón, su bancada decidió votar en contra, al considerar que la iniciativa reproduce el mismo modelo de concentración que anteriormente se criticaba, pero ahora desde un organismo controlado únicamente por la Federación. La legisladora insistió en que la supervisión plural del agua es indispensable para garantizar decisiones equilibradas y evitar afectaciones a los estados y a los usuarios, especialmente en zonas donde el agua es un recurso limitado.

Finalmente, la legisladora priista aseguró que seguirán atentos al proceso legislativo para impedir que se aprueben disposiciones que, bajo el argumento de garantizar derechos, terminen limitando la participación de sectores locales y reduciendo la transparencia en la gestión del agua.