A un año de las elecciones: tortura y miedo en Venezuela

A un año del cierre de las urnas en las elecciones presidenciales venezolanas, las autoridades del país siguen imponiendo una ola de represión contra quienes cuestionan al gobierno, denunció hoy Human Rights Watch

Este organismo internacional documenta detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos contra opositores y defensores de derechos humanos.

Tras el anuncio oficial, horas después de las elecciones del 28 de julio de 2024, que ratificó la reelección de Nicolás Maduro, diversas organizaciones independientes y observadores internacionales cuestionaron la transparencia del proceso.

Incluso, las actas publicadas por la oposición señalan que el candidato Edmundo González habría ganado, en contraste con los resultados oficiales

Desde entonces, la situación para los críticos del régimen ha empeorado:

• 853 presos políticos permanecen detenidos, según el Foro Penal, organización que monitorea estas violaciones.

• Se han documentado asesinatos de manifestantes y persecución a opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros.

• Los detenidos son acusados bajo cargos vagos como "incitación al odio" o "terrorismo", que pueden implicar hasta 30 años en prisión.

El patrón de violaciones es sistemático: muchas personas son detenidas sin información sobre su paradero -un caso claro de desaparición forzada-, permanecen incomunicadas, sin acceso a abogados o a un debido proceso, e incluso enfrentan audiencias virtuales masivas que limitan su defensa.

Entre los presos incomunicados desde hace meses figuran figuras políticas y activistas relevantes como Freddy Superlano, coordinador de Voluntad Popular, y Enrique Márquez, candidato presidencial en 2024

Las condiciones de detención son duras:

• Se reportan casos de tortura física y psicológica, incluyendo palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, aislamiento y hacinamiento extremo.

Aunque el Ministerio Público ha anunciado la excarcelación de cientos de detenidos, muchos siguen con procesos judiciales abiertos y sujetos a restricciones que les prohíben hablar sobre su situación.

Incluso han sido obligados a grabar videos asegurando que sus derechos fueron respetados durante la detención.

Human Rights Watch, por medio de Juanita Goebertus, directora para América, advierte que esta dinámica es parte de una estrategia para mantener el control a través del miedo y la represión, premiando a quienes apoyan al régimen y castigando a los opositores.

El organismo llama a la comunidad internacional a:

• Exigir la rendición de cuentas de los responsables de violaciones a derechos humanos.

• Presionar a gobiernos y actores económicos que contribuyen a la represión.

• Apoyar a la sociedad civil, periodistas independientes y defensores de derechos humanos.

• Aumentar la protección para las personas que se ven obligadas a abandonar Venezuela.

"Un año después de las elecciones, muchos venezolanos continúan arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia", concluye Goebertus