Capacitan a personal policíaco y militar contra el "Combate a la Extorsión"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal impartió en Durango un curso especializado de combate a la extorsión, dirigido a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La capacitación, titulada "Medidas Preventivas y Combate a la Extorsión", reunió a cuerpos policiales, personal de emergencias y autoridades federales para fortalecer sus capacidades de atención, prevención y respuesta ante delitos de extorsión y secuestro, considerados hoy entre los ilícitos de mayor impacto social.

El taller fue impartido por Mario Bazán Miranda, director de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión, y por Karen Santos García, agente investigadora de la misma unidad especializada. Ambos funcionarios expusieron las principales modalidades de extorsión, cómo diferenciarlas del secuestro y los protocolos que deben aplicarse desde el primer reporte ciudadano. La intención es mejorar la reacción de las corporaciones y evitar que las víctimas entreguen dinero o información sensible ante llamadas fraudulentas o amenazas simuladas.

En la capacitación participó personal de emergencias 9-1-1, denuncia anónima 089, Policía Cibernética, Prevención Social, así como elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, incluyendo equipos operativos de la región Laguna. El encuentro permitió que las instituciones compartieran experiencias recientes, patrones detectados en la zona y los métodos de operación más recurridos por los grupos que realizan extorsiones telefónicas o presenciales.

De acuerdo con los instructores, los casos de extorsión suelen aumentar en temporadas específicas del año y muchas veces se apoyan en información obtenida de redes sociales o bases de datos robadas. Por ello, recalcaron la importancia de reportar cualquier intento al 089 y evitar responder o proporcionar datos personales. La actualización de los protocolos busca que las corporaciones estatales actúen con mayor rapidez, sobre todo ante llamadas de "aparente emergencia" o amenazas dirigidas a comercios, que se han vuelto más frecuentes en la región.