El proyecto inmobiliario que defraudó a San Antonio de los Bravos

Lo que en 1994 se presentó como una oportunidad para mejorar la vida de las y los ejidatarios de San Antonio de los Bravos terminó, según testimonios, en un presunto fraude que hasta hoy mantiene dividido al ejido y sin una resolución legal.

El fraude inmobiliario

De acuerdo con los habitantes, el proyecto consistía en la creación de una sociedad mercantil en la que los ejidatarios aportarían sus tierras, mientras un grupo de inversionistas pondría el capital para desarrollar y vender terrenos. Sin embargo, con el paso del tiempo, aseguran que las promesas nunca se cumplieron.

"Los hicieron firmar porque les bajaron la luna y las estrellas, que iban a ser los primeros millonarios ejidatarios a nivel nacional, mentira, fue un fraude total", dijo Rosa Domínguez, ejidataria.

Les hipotecaron sus tierras

En ese momento, el ejido contaba con 113 ejidatarios y 586 hectáreas, de las cuales 576 eran de uso común y el resto destinadas a asentamiento humano. Según los testimonios, los inversionistas del denominado Grupo Zela no contaban con recursos suficientes, por lo que hipotecaron 40 hectáreas para financiar el proyecto. Entre las tierras afectadas estaban las de Santiago Luna, quien denunció el despojo de su cosecha.

"Llegan y me avisan cuando la cosecha está por levantarse que me arrasaron la cosecha las máquinas estaba la policía, los del banco Serfin y me ataron de manos", relató. Luna nunca recuperó su inversión, mientras que, según los ejidatarios, los inversionistas continuaron vendiendo terrenos sin entregar beneficios a la comunidad.

"Ellos fueron los que vendieron las tierras, nosotros les decíamos que no necesitábamos que vinieran a coyotear nuestras tierras, que mejor nos las regresaran", agregó Domínguez.

División persiste

Este proceso provocó la fragmentación interna del ejido y derivó en una serie de litigios que, aseguran, han estado marcados por la presunta colusión entre autoridades y empresarios.

A más de 30 años, el conflicto sigue sin resolverse: la sociedad mercantil no ha sido liquidada y el destino de un fideicomiso permanece incierto. Pese a ello, las y los ejidatarios aseguran que continuarán su lucha para recuperar sus tierras y obtener justicia.