Gobierno de Torreón, señalado por represión sistemática
El gobierno encabezado por Román Alberto Cepeda en Torreón ha sido reiteradamente señalado por ejercer represión contra movimientos sociales, activistas y manifestaciones ciudadanas. Diversos episodios documentan una respuesta hostil por parte de las autoridades municipales ante cualquier crítica pública o exigencia colectiva.
Uno de los casos más representativos es el de Sofía Díaz, activista e integrante de la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres, quien en 2023 denunció públicamente agresiones de policías municipales durante la marcha del Día de la Mujer, donde se realizaron acciones de iconoclasia. La respuesta del gobierno fue inmediata.
"Y al día siguiente, este 6 de la mañana, 9 de marzo, yo estaba en horario estelar, siendo señalada por el alcalde como responsable de las pintas que se habían hecho este en Plaza Mayor", denunció Díaz.
La exposición de Sofía en medios de comunicación incluyó fotografías de su vehículo obtenidas desde el sistema de vigilancia C4, mostrando placas, marca, modelo y hasta su ruta diaria. Esto desató una ola de preocupación por la invasión a su privacidad y por el uso de recursos públicos con fines de intimidación.
Un año después, durante la marcha del 8 de marzo de 2024, elementos policiacos que escoltaban la movilización agredieron nuevamente a mujeres manifestantes. Las imágenes del operativo circularon ampliamente en redes, generando indignación y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Otro caso reciente fue el de ciudadanos que denunciaron un presunto fraude inmobiliario. Tras hacerlo público, recibieron visitas de inspección por parte de personal de Urbanismo e Inspección y Verificación del Ayuntamiento.
"Por supuesto que es represión porque es de todos conocidos que a la actual presidencia municipal no le gusta, por lo menos, que nadie se exprese en contra del accionar que tienen... pues realmente todo el ayuntamiento", afirmó Alfonso Serrano Facuse, uno de los afectados.
Los antecedentes no terminan ahí. En 2022, ejidatarios de San Luis fueron reprimidos durante una protesta que terminó con varias detenciones. Más recientemente, en abril de 2025, Rolando Medina, habitante del ejido Nuevo Mieleras, fue asesinado por elementos del Grupo de Reacción Torreón durante un intento de desalojo. Su familia, al intentar manifestarse, también fue reprimida. En ambos casos, los afectados solo pedían una audiencia con el alcalde.
Estas acciones han generado señalamientos por el uso del poder público para silenciar disidencias, una práctica que organizaciones civiles califican como preocupante y sistemática.
