El amparo dictado por un juez federal que determina la omisión del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se ha visto reflejado en delitos contra mujeres y en la falta de acceso a la justicia.
En 2020, Guadalupe fue arrastrada en un automóvil por casi medio kilómetro por su entonces pareja. Pese a la gravedad del ataque, la sentencia contra su agresor fue mínima.
"Me fueron 20 días que no me podía ni mover. Mi pie casi se me gangrena, casi me mochan mi pie derecho. Las huellas de sus dedos estaban en mi cuello (...) No se me hizo justo la sentencia que le dieron a mi agresor, ya que solo fue de 11 meses y 5 días. Literalmente 11 meses y 5 días por casi matarme", dijo Guadalupe.
El caso de Guadalupe estuvo a punto de prescribir, pese a su insistencia por obtener justicia y a las secuelas que le dejó aquella relación violenta. Esto la motivó a fundar un colectivo en Gómez Palacio, junto a otras víctimas, en el que se han enfrentado la indiferencia, las omisiones y la falta de atención del sistema de justicia.
"Falta personal, falta coordinación, falta el personal que le guste su trabajo y tener poquito más empatía por la víctima", agregó.
De enero a julio de este año, en Durango se han registrado cinco feminicidios, 149 denuncias por violación, 540 víctimas de lesiones dolosas y casi 3 mil casos de violencia familiar.
En junio, el Palacio de Justicia fue cerrado durante cinco días tras la liberación de un presunto violador. Un mes después, asociaciones feministas obtuvieron un amparo para la despenalización del aborto en el estado.
Es por eso que para organizaciones de mujeres y víctimas, estos hechos son una muestra de las fallas y la indiferencia de los tres poderes de gobierno frente a la violencia que enfrentan las mujeres en Durango.