Nueva Secretaría de Estado en Coahuila provocaría más deuda
El pleno del Congreso de Coahuila aprobó, por mayoría de votos, una iniciativa planteada por el gobernador Miguel Riquelme para crear la Secretaría de Inversión Pública Productiva. En esta institución, la administración estatal buscará inversiones a través de asociaciones público privadas para generar obra pública.
La propuesta, votada a favor el día martes 16 de marzo, generó molestia en el grupo opositor del Congreso. Rodolfo Walss, diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional, despotricó en tribuna en contra del gobernador Miguel Riquelme
"Leo la iniciativa y no puedo concluir más que una de dos cosas, o usted, señor gobernador, o sus asesores, o son muy ignorantes, o son muy mentirosos y, en cualquier caso, el pueblo de Coahuila no tiene porqué pagar por su ignorancia, ni tiene porqué tragarse sus mentiras".
De acuerdo con Walss Aurioles, esta nueva secretaría ayudará al gobierno estatal a contratar más deuda a través de particulares. De esta manera, se podrían exprimir aún más las finanzas coahuilenses que, hasta el momento, cargan con una deuda superior a los 43 mil millones de pesos.
Jesús De León Tello, dirigente estatal de Acción Nacional, expuso su malestar y explicó cómo se podría dar el endeudamiento a través de la creación de la citada secretaría.
"A través de un particular se pide un crédito, fondea la obra a equis años y el gobierno le garantiza al particular, mediante un contrato, el tema de estar pagando ministraciones mensuales durante tantos años. Eso va a comprometer, más allá de los tres años que le quedan al actual gobierno".
Por otra parte, De León Tello comentó que las finanzas coahuilenses están tan comprometidas, que en tres años de gobierno de Miguel Riquelme la inversión pública ha disminuido de manera considerable.
"No tienen recursos, todo el dinero se va en tema burocrático y en tema de servicio de la deuda, entonces al no haber recursos pues a lo primero que le pegan es a inversión pública, al ser prácticamente nula".
Los opositores analizarán jurídicamente la iniciativa para determinar si cuenta con los elementos suficientes para revocar la decisión a través de las vías legales correspondientes.