Organizaciones civiles y de padres de familia llamaron a fortalecer la seguridad escolar, la prevención, la atención socioemocional y atender las causas estructurales que generan la violencia tras los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2026 en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora Nedi Edith Nevárez González y otras personas resultaron lesionadas.
La Unión Nacional de Padres de Familia, la asociación Renacer Lagunero y el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) expresaron por separado su solidaridad con las familias afectadas y coincidieron en que la respuesta ante lo ocurrido debe incluir medidas de prevención, acompañamiento a estudiantes y mayor coordinación entre autoridades, escuelas, familias y sociedad civil.
La Unión Nacional de Padres de Familia señaló que la atención de niñas, niños y adolescentes requiere una participación activa de las familias.

Organizaciones plantean mayor atención a estudiantes
En su posicionamiento, Renacer Lagunero sostuvo que los hechos de violencia registrados en la secundaria de La Unión deben llevar a revisar las estrategias de prevención y atención de factores de riesgo en los entornos escolares y comunitarios.
La organización recordó que, después de los hechos ocurridos en 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, ya había planteado la necesidad de analizar las causas de la violencia, fortalecer el tejido familiar y social y establecer mecanismos de alerta temprana.
Ante la repetición de hechos violentos, Renacer Lagunero propuso que los centros educativos públicos y privados del país cuenten con un trabajador social y un psicólogo de planta, con presencia cotidiana en las escuelas.
De acuerdo con la propuesta, estos profesionales podrían identificar conductas y contextos de riesgo, orientar a los estudiantes y canalizar los casos que requieran atención especializada. También planteó que la información obtenida en las escuelas permita identificar problemáticas específicas de cada plantel y de las comunidades donde se encuentran.
La organización reconoció que una medida de esta magnitud requeriría coordinación entre distintos niveles de gobierno e instituciones, además de recursos presupuestales. Su planteamiento es que la inversión en prevención permita atender factores de riesgo antes de que deriven en nuevos episodios de violencia.
"Conminamos a la ciudadanía y al gobierno a hacer un análisis profundo sobre las causas estructurales y subyacentes de las violencias, a la revisión de nuestras conductas y de los entornos familiares y comunitarios en los que nos desenvolvemos y al emprendimiento de las acciones individuales, institucionales y colectivas que puedan mejorarlos. Acciones que implican el fortalecimiento del tejido social y familiar pero que deben acompañarse con un compromiso claro y contundente de autoridades".
Padres de familia y CCI llaman a fortalecer la comunidad escolar
La Unión Nacional de Padres de Familia enfatizó que la responsabilidad sobre el bienestar de los estudiantes no corresponde únicamente a las escuelas o a las instituciones públicas. En su posicionamiento pidió a madres y padres mantener comunicación con sus hijos, conocer sus preocupaciones y acompañar su desarrollo emocional.
La organización también solicitó fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo, ampliar la atención psicológica y socioemocional y establecer canales accesibles para comunicar y atender señales de alerta.
"Esta reflexión no busca señalar ni responsabilizar anticipadamente a ninguna familia por lo sucedido", señaló la organización, al advertir que las familias requieren herramientas y orientación para enfrentar los desafíos que viven niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el Consejo Cívico de las Instituciones sostuvo que la respuesta debe ir más allá de la reacción inmediata. "Este trágico acontecimiento nos convoca a no limitarnos a la reacción, sino a atender las causas estructurales", señaló el organismo, que planteó un enfoque integral basado en la prevención, el fortalecimiento del núcleo familiar, la cultura de paz y una atención prioritaria a la juventud.
El CCI también manifestó su disposición para colaborar con el sector público, instituciones educativas e iniciativa privada en la construcción de entornos seguros y protectores.
Las organizaciones también expresaron sus condolencias a la familia de la subdirectora fallecida, así como su solidaridad con estudiantes, docentes, trabajadores y habitantes del ejido La Unión afectados por los acontecimientos del 1 de octubre.