La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) fue denunciada ante la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por una activista debido a presuntas omisiones en un caso en el que una mujer habría quedado sin protección durante un desalojo.
Fue la defensora de Derechos Humanos, Ariadne Lamont Martínez, integrante de Justicieras por Nuestras Infancias, quien presentó una queja contra la CDHEC por la presunta falta de atención oportuna a un caso de desalojo en el que estaba involucrada una mujer recién operada y madre de una niña de siete años.
De acuerdo con el testimonio de la activista, ella informó a personal de la Comisión sobre el operativo de desalojo y solicitó que acudieran al lugar para verificar que no se registraran posibles violaciones a los derechos humanos de la mujer y su hija. Sin embargo, asegura que la respuesta inicial fue que, al tratarse de un asunto judicializado, la Comisión no podía intervenir.
Lamont Martínez explicó que su petición no buscaba contravenir la resolución de un juez, sino solicitar la presencia de personal para supervisar el procedimiento y verificar las condiciones en las que se realizaba.
Según la activista, también pidió que se involucrara a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, debido a que en el domicilio permanecían las pertenencias de la menor, aunque la niña no se encontraba en el lugar durante el desalojo.

Mujer termina hospitalizada tras el desalojo
Lamont Martínez señaló que el operativo continuó mientras esperaba una respuesta de la Comisión. La mujer fue desalojada y trasladada al ISSSTE, donde quedó hospitalizada.
Al día siguiente, la activista acudió al hospital y preguntó a la mujer si personal de la Comisión de Derechos Humanos había acudido a verla. Según su testimonio, la respuesta fue negativa.
La activista dijo que volvió a comunicarse con la funcionaria de la Comisión para informarle que la mujer había sido hospitalizada y reiterar la solicitud de atención.
"La señora por el esfuerzo físico que hizo ya acabó hospitalizada. Se le paralizó el cuerpo y está hospitalizada en el ISSSTE", afirmó que le informó.
De acuerdo con Lamont Martínez, la funcionaria respondió que enviaría personal, pero posteriormente le solicitó un oficio para realizar la intervención.
La activista cuestionó ese requisito y sostuvo que ella, como integrante de la sociedad civil, se encontraba dentro del hospital sin necesidad de presentar un oficio.
Finalmente, según su relato, personal de la Comisión acudió al hospital hasta la noche. Ahí, indicó, se recibió la queja de la afectada.
Señala falta de seguimiento a la queja
Lamont Martínez afirmó que después de esa primera atención no se habría dado seguimiento al caso. Señaló que la mujer no ha sido llamada para ratificar su queja ni para presentar pruebas adicionales.
La activista explicó que decidió presentar su propia queja ante la Comisión para dejar constancia de que había informado previamente sobre el operativo y solicitado la presencia de personal del organismo.
"Yo fui testigo de que yo misma le avisé a la Comisión y no mandó a su personal", declaró.
Otro de los puntos que, según Lamont Martínez, debieron ser considerados durante el desalojo fueron las pertenencias de la niña, debido a que permanecían dentro de la vivienda.
"Aunque no esté la niña, todas las cosas que ella está acostumbrada para su libre desarrollo están ahí. Su tablet, sus juguetes, su cama, su ropa, sus zapatos, todo está ahí", señaló.
La activista consideró que la presencia de personal especializado habría permitido verificar las condiciones en las que se desarrollaba el desalojo y qué ocurriría con las pertenencias de la menor.
La queja fue recibida por la Comisión, de acuerdo con Lamont Martínez, quien aseguró que el documento cuenta con sello y firma de recepción.
La activista reconoció que desconoce cuál será el resultado del procedimiento, pero explicó que uno de los motivos para presentar la queja fue dejar constancia formal de la actuación que atribuye al organismo estatal.