Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones

Las reformas a la Ley de Amparo han generado un amplio debate entre activistas y especialistas. Mientras algunos consideran que se trata de cambios necesarios para evitar abusos en el uso del recurso, otros advierten que podrían representar una amenaza para la defensa de los derechos ciudadanos.

Rafael Zuno, del colectivo Encuentro Ciudadano Lagunero, señaló que la reforma "busca fundamentalmente evitar la cuestión del abuso que permitía verdaderamente evadir la ley de múltiples formas". Mencionó como ejemplo los llamados "sabadazos" del Poder Judicial, donde jueces federales liberaban a personas acusadas de delitos graves durante los fines de semana.

Por su parte, Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que el problema no radica en el amparo, sino en su aplicación. "Con este asunto del amparo y so pretexto de que hay gente que utiliza el amparo para impunidad, tiene que ver con el sistema, porque a quienes les dan los amparos son parte de los mecanismos de despojo y de impunidad", expresó.

Martínez recordó casos como el del basurero de General Cepeda y el amparo interpuesto para detener el saqueo del acuífero en la Laguna. "Este amparo que interpusieron para que dejaran de saquear el agua de aquí de la Laguna, ¿quién lo va a implementar, quién se va a encargar? El sistema de justicia no está vigilando", apuntó.

El abogado Luis Pedroza explicó que los puntos más controvertidos son la retroactividad de la ley y los cambios en la figura del interés legítimo. "Lo que permitía el interés legítimo era acudir al juicio de amparo aunque no tuvieras una afectación real o directa. Ahora se pretende hacer más restrictivo quién puede acceder a ese juicio", dijo.

Sobre la retroactividad, precisó que la reforma la plantea bajo ciertos criterios: "Las leyes sustantivas que tengan relación con un derecho no te pueden afectar retroactivamente; en temas procesales, sí puede haber retroactividad".

Para activistas, el juicio de amparo es una herramienta noble, pero ha sido mal utilizada. Aseguran que el problema no es el instrumento, sino quienes lo otorgan de forma indebida.

Coinciden en que la reforma puede ser necesaria, siempre y cuando no se tergiverse su objetivo fundamental: proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.