El Senado aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, junto con reformas a cinco ordenamientos legales para homologar las sanciones y procedimientos en todo el país. El dictamen fue avalado en lo general por unanimidad, con 110 votos a favor, y en lo particular con 95 votos a favor y 12 en contra, tras incorporar dos modificaciones propuestas por legisladores de Morena.
Las reservas aceptadas incluyen perspectiva de género en la atención a víctimas y el incremento de penas cuando el delito se cometa mediante dispositivos electrónicos o plataformas digitales. Con estas reformas, el castigo por extorsión se eleva a 15 a 25 años de prisión, y se establecen penas de 10 a 20 años para servidores públicos que no denuncien estos actos. Además, habrá de seis a 12 años de cárcel para quienes introduzcan equipos de comunicación a penales, una práctica señalada como motor del delito desde centros penitenciarios.
La reforma obliga a las fiscalías a contar con unidades especializadas, policías y ministerios públicos capacitados y certificados, y determina que los recursos obtenidos por extinción de dominio se destinen a la reparación del daño de las víctimas.
Senadores de distintas fuerzas políticas reconocieron que la extorsión es el tercer delito con mayor incidencia en México y coincidieron en la necesidad de cerrar espacios a la impunidad.
Del PAN, María Guadalupe Murguía afirmó que la iniciativa representa un paso importante para prevenir y sancionar de manera uniforme en todo el país el delito; consideró que, al tratarse de una ley especializada, es preciso que cuente con policías, Ministerios Públicos, analistas y unidades especializadas, por lo que es necesario que se le asignen recursos suficientes.
Por el PRI, Carolina Viggiano señaló que esta ley no tiene presupuesto, que se implementará con los recursos ya existentes, aun cuando disminuyó lo destinado a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que "esperamos que esta ley funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero".
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano dijo que con las reformas el gobierno da "un golpe de timón" al combate contra el crimen organizado y se deja atrás la política de "abrazos y no balazos" que tanto daño le hizo al país.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aclaró que, aunque no pudieron atenderse todas las propuestas para esta reforma, cada uno de los cambios a la minuta reflejan el ánimo de todos los legisladores por sancionar una conducta que daña a la sociedad.
Tras su aprobación, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.