El municipio de Gómez Palacio atraviesa una nueva revisión interna después de que cuatro elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad fueran retirados de sus funciones por presuntos actos de corrupción, agresiones contra un ciudadano y diversas faltas administrativas. Según confirmó el comisario Luis Alberto Duarte Vázquez, dos de ellos ya fueron dados de baja de manera definitiva, mientras que los otros continúan bajo investigación. Los casos han reavivado el debate público sobre la conducta de los cuerpos de seguridad y la necesidad de una supervisión más estricta.
La alcaldesa Betzabé Martínez Arango explicó que, ante los recientes señalamientos y con el fin de evitar que estas conductas se repitan, personal de Tránsito, Vialidad y Seguridad Pública participó en sesiones informativas impartidas por la Fiscalía Anticorrupción. Durante estas capacitaciones se expusieron las consecuencias legales y laborales de incurrir en prácticas irregulares, además de reforzar el llamado a actuar con responsabilidad frente a la ciudadanía.
La presidenta municipal envió un mensaje directo a los integrantes de ambas corporaciones: la administración mantendrá una postura de cero tolerancia frente a abusos y actos deshonestos. No obstante, también destacó que muchos de los oficiales trabajan de manera cercana con la población y cumplen correctamente con su labor cotidiana, por lo que consideró importante reconocerlos.
Martínez Arango invitó a los habitantes de Gómez Palacio a denunciar cualquier irregularidad ante la Contraloría Municipal, recordando que la participación ciudadana es clave para detectar abusos y dar seguimiento a los procesos internos. Señaló que, aunque ningún cuerpo de seguridad está exento de errores, la vigilancia constante ayuda a mantener el orden y a garantizar un trato adecuado para todos.
En un caso paralelo, la autoridad ministerial confirmó que dos agentes policiacos de Lerdo y un elemento de la policía investigadora permanecen en prisión preventiva tras haber sido detenidos el pasado 4 de noviembre por presunta extorsión. El proceso legal continúa, y se espera que en las próximas semanas se definan responsabilidades.