Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Torreón y Saltillo se sumaron este viernes 6 de noviembre al paro nacional de labores en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, establecido mediante el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los empleados consideran que los criterios de evaluación podrían afectar su estabilidad laboral y poner en riesgo su permanencia en la institución.
En Torreón, la suspensión de actividades comenzó a partir de las 13:00 horas. Personal de las instalaciones ubicadas en el bulevar Independencia realizó una protesta y bloqueó parcialmente el carril de circulación de oriente a poniente.
"No estamos en contra de la evaluación, sino de los lineamientos y la intención con la que pretenden llevarla a cabo. Sabemos que todos los servidores públicos estamos expuestos a estas evaluaciones, tenemos la capacidad, el profesionalismo y el compromiso para trabajar, pero las condiciones y lineamientos en que los quiere llevar lo patronal es lo que nos afecta en la permanencia, en nuestra estabilidad y en nuestra seguridad como trabajadores", dijo Fernanda Martínez, delegada sindical del Poder Judicial de Torreón.
En Saltillo, trabajadores se manifestaron en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y José Musa de León, donde expresaron su inconformidad con las disposiciones del acuerdo aprobado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
JUFED advierte posibles afectaciones a la estabilidad laboral
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su respaldo a los trabajadores y cuestionó los mecanismos establecidos para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
En un posicionamiento difundido este viernes, la organización señaló que el acuerdo "constituye en realidad una nueva oleada para desmantelar la estabilidad del personal de carrera judicial".
JUFED sostiene que el modelo contempla una ponderación del 30 por ciento basada en cuestionarios de percepción aplicados por superiores y compañeros, mientras que otro 60 por ciento estaría bajo la responsabilidad de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
De acuerdo con la asociación, estos criterios podrían dar mayor peso a apreciaciones subjetivas que a la experiencia profesional y los conocimientos técnicos y jurídicos del personal. También advirtió que las evaluaciones posteriores podrían tener consecuencias sobre la permanencia laboral.
La organización considera que este mecanismo podría generar incertidumbre entre los trabajadores y abrir espacios para decisiones discrecionales sobre su continuidad en los cargos.

Trabajadores cuestionan los criterios de evaluación
En su pronunciamiento, JUFED reconoció que los procesos de evaluación pueden contribuir a mejorar la administración de justicia, pero sostuvo que deben basarse en criterios objetivos y mecanismos de capacitación continua, no en instrumentos que puedan utilizarse con fines punitivos.
La asociación también señaló que el personal de carrera judicial ya cuenta con procesos previos de ingreso y evaluaciones que acreditan sus conocimientos y preparación para desempeñar sus funciones.
Por ello, expresó su solidaridad con quienes participan en las movilizaciones y advirtió que la estabilidad de los órganos jurisdiccionales depende también del trabajo de secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
El Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Aunque el primer ejercicio correspondiente a 2026 tiene carácter diagnóstico, la inconformidad de los trabajadores se centra en los criterios que se aplicarán y en las posibles consecuencias de las evaluaciones posteriores.