Una Fiscalía de puertas abiertas con un trato más digno y humano, modelo que según autoridades está en práctica, no sólo es justa, sino necesaria para la ciudadanía de Coahuila. En 2024 la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) emitió un total de 40 recomendaciones, de las cuales 17 fueron dirigidas a la Fiscalía, lo que representó el 42% del total de las recomendaciones.
La dependencia ha sido señalada por cometer graves violaciones a derechos humanos. Uno de los casos más representativos es el de Miriam Ramírez, quien denunció tortura y abusos cometidos por agentes de la Fiscalía hace cinco años.
"Aquí hay cuatro carpetas por amenazas que he recibido y los invito a que me acompañen a preguntar por qué nunca han hecho una inspección, jamás hicieron una inspección de los hechos, ¿que yo con todo mi temor fundado porque ustedes no saben lo que a mí me provoca ver la puerta trasera? el saber que tengo ahí todas las declaraciones de mis testigos que presenciaron cómo me torturaron ahí atrás", expresó Miriam en una manifestación que hizo frente a la Fiscalía en el mes de mayo, para exigir una audiencia con el fiscal general del estado, Federico Montañez.
Actualmente, Miriam espera que las 10 carpetas de investigación abiertas por las violaciones que sufrió sean judicializadas y que sus agresores sean procesados y sentenciados.
Otro sector que ha padecido los malos tratos de la institución son las familias de personas desaparecidas, quienes han denunciado desde dilaciones injustificadas hasta omisiones graves en las investigaciones. Uno de estos casos es el de María Guadalupe Pérez, madre de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida en 2021.
"Ellos me decían, eh, señora, se tiene que esperar, déjenos trabajar, tenemos 200 carpetas antes que usted. O sea, como diciéndome que, pues que agarrara la fila, ¿verdad? Entonces, yo la verdad sí les dije, 'Es que mi hija no es un objeto, o sea, no es un animal.' Eh, es un ser humano", relató.
Por la falta de resultados en las investigaciones, María Guadalupe solicitó una acción urgente a la ONU, que le fue concedida. El organismo internacional exhortó al Estado mexicano a realizar acciones concretas para dar con el paradero de su hija.
Pese a ello, la Fiscalía no acató la recomendación, por lo que al ver detenidas las investigaciones nuevamente, la madre interpuso un amparo que le fue concedido. El fallo obliga a la institución a diseñar y ejecutar un plan de búsqueda en coordinación con la madre y a reportar los avances ante un juzgado. María Guadalupe espera que, con esta medida, las autoridades puedan dar con el paradero de su hija.