Víctimas señalan que instituciones les han fallado
Las fallas en la procuración de justicia y la reparación del daño para mujeres y niñas víctimas de violencia extrema persisten en Coahuila, incluso desde las propias instituciones que deberían protegerlas. Un caso emblemático es el de Rosa María Rocha, madre de Dana Milagros Cigarroa Rocha, asesinada por su pareja en 2015. Desde entonces, Rosa María ha quedado a cargo de sus dos nietos, mientras enfrenta un proceso legal desgastante para obtener la reparación del daño.
"Cuando lo sentenciaron en el 2017, que yo empecé a meter la papelería para la reparación del daño, me ha llevado ocho años", relató Rosa María Rocha.
Cinco años después de la sentencia, en 2022 un juez lo declaró insolvente, lo que impidió que él cubriera el monto correspondiente. Ante ello, Rosa María recurrió a la Ley de Víctimas del Estado de Coahuila y solicitó la compensación subsidiaria, que obliga al Estado a cubrir esa reparación mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
No obstante, según Lucía Razo, abogada de la Red de Mujeres de La Laguna, la solicitud presentada en 2022 no obtuvo respuesta alguna.
"Una vez que ella ingresa la solicitud en 2022, no tuvo respuesta alguna (...), en consecuencia de esto nos vimos en la necesidad de este año interponer un amparo por silencio administrativo de la Comisión Ejecutiva", explicó la abogada.
La única acción de la CEAV fue solicitar a Rosa María que suspendiera el procedimiento legal, para que un juez pudiera ordenar el pago desde el fondo estatal. Sin embargo, Lucía Razo asegura que esta medida rebasa las atribuciones de la Comisión, lo que motivó la presentación de un segundo amparo.
Rosa María, quien durante años ha exigido que el Estado reconozca sus derechos, señala que la falta de reparación no es por vacío legal, sino por omisiones institucionales.
"Ellos dicen que nunca se ha hecho una reparación del daño en Coahuila, pero no se ha hecho porque ellos no le hacen ver a las víctimas que tienen derecho a una reparación de daños, y que no tienen que andar batallando para una reparación; la ley lo dice", denunció.
Además de la reparación económica, las hijas e hijos de víctimas de feminicidio carecen de certidumbre sobre los apoyos estatales. En Coahuila, estos están sujetos a decretos sexenales, lo que significa que su continuidad depende de la voluntad política del gobierno en turno.
El caso de Rosa María evidencia que el acceso a la justicia en Coahuila no solo es lento, sino que depende de que las víctimas luchen solas contra un sistema que debería garantizarles sus derechos sin tantos obstáculos.
