Doce colectivas feministas exigieron al Gobierno de Coahuila reforzar las medidas de prevención de la violencia contra las mujeres, transparentar las cifras de feminicidio y garantizar investigaciones con perspectiva de género. En un pronunciamiento difundido, alertaron que, de acuerdo con reportes periodísticos citados en su posicionamiento, durante el año se contabilizan 13 víctimas de feminicidio, frente a nueve casos registrados oficialmente al cierre de 2025.
Las organizaciones, convocadas por Aborto Libre Saltillo, expresaron su preocupación por el aumento de la violencia feminicida en la entidad y solicitaron a las autoridades estatales implementar acciones urgentes para proteger a niñas, adolescentes y mujeres, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
En el documento, las colectivas señalaron que las cifras representan vidas perdidas y familias afectadas por una violencia que, advirtieron, requiere respuestas institucionales que no se limiten a actuar después de que ocurren los asesinatos.
"Las mujeres en Coahuila no nos sentimos seguras", expresaron las firmantes, quienes consideraron necesario fortalecer las políticas públicas de prevención, los mecanismos de protección y la atención a las señales de violencia antes de que escalen a agresiones letales.

Piden investigar como feminicidio el caso de Neidy Edith Nevárez
Entre los casos mencionados en el pronunciamiento se encuentra el de Nedi Edith Nevárez González, maestra que fue víctima de un ataque el 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión.
De acuerdo con la información referida por las colectivas, dos presuntos responsables fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Las organizaciones pidieron que la muerte de la docente se investigue con perspectiva de género y que las autoridades valoren su clasificación como feminicidio, conforme a los elementos que arroje la investigación.
Las firmantes solicitaron que los casos de violencia contra las mujeres se investiguen de manera diligente, sin descartar líneas de investigación relacionadas con razones de género. También exigieron que las víctimas y sus familias tengan acceso efectivo a la justicia.
El pronunciamiento plantea que el Gobierno de Coahuila y las instituciones responsables de garantizar los derechos de las mujeres deben dar seguimiento puntual a las investigaciones, informar sobre sus avances y transparentar las medidas de protección implementadas.
Las colectivas también demandaron políticas públicas de prevención con presupuesto suficiente, coordinación entre dependencias y mecanismos efectivos para proteger a mujeres y niñas que se encuentren en situaciones de riesgo.

Exigen revisar una posible alerta de violencia de género
Otro de los puntos centrales del documento es la solicitud de revisar las condiciones de violencia que enfrenta Coahuila y considerar la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, con participación de colectivas feministas y organizaciones que trabajan directamente en las comunidades.
Las firmantes señalaron que este mecanismo debe evaluarse de acuerdo con las condiciones de riesgo y la protección de los derechos de las mujeres, y no como un asunto relacionado con la imagen pública del estado.
Asimismo, exigieron reparación integral del daño para las madres, hijas, hijos y demás familiares de las víctimas de violencia feminicida. En particular, pidieron garantizar el acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, conforme a los procedimientos y requisitos aplicables.
En el pronunciamiento, las organizaciones también cuestionaron la atención pública que el Gobierno estatal ha dedicado a un evento de rodeo realizado con recursos públicos, frente a lo que consideran una falta de posicionamientos suficientes sobre los casos recientes de feminicidio y las medidas para combatir esta violencia.
Las colectivas insistieron en que la respuesta de las autoridades debe incluir prevención, capacitación, protección y atención oportuna, además de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
"La vida de las coahuilenses NO es un Rodeo, debería ser una prioridad", sostuvieron en el documento, en el que reiteraron su exigencia de justicia y de condiciones que permitan a las mujeres vivir libres de violencia.
Las organizaciones cerraron su posicionamiento con el llamado "¡Ni una menos! ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!", y reafirmaron su defensa del derecho de las mujeres a decidir y a vivir libres de violencia.