La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado despertó reacciones entre abogados, quienes advierten que los cambios podrían limitar la capacidad de los ciudadanos para defenderse frente a actos de autoridad. Entre las modificaciones destacan nuevas restricciones para promover juicios de amparo, así como la reducción de los casos en los que un juez puede suspender provisionalmente actos reclamados, como bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de aprehensión.
Al respecto, Juan Kilimaco Hernández Bustos, presidente del Instituto de Capacitación de Tuxpan (ICATUX), explicó que la iniciativa, busca "agilizar" los procedimientos, pero en la práctica podría dejar a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica.
Entre los puntos más relevantes, Hernández Bustos destacó la restricción del "interés legítimo", lo que limitaría la posibilidad de promover amparos únicamente a personas directamente afectadas. También se plantea restringir la suspensión del acto reclamado en casos de bloqueo de cuentas bancarias, deuda pública, sistema financiero y órdenes de aprehensión o medidas cautelares.
La reforma ya fue turnada a la Cámara de Diputados, donde se prevé revisar la propuesta en materia de retroactividad, considerada inconstitucional por especialistas. Hernández Bustos subrayó que el amparo fue diseñado como un mecanismo de defensa ciudadana frente a la autoridad, por lo que reducir su alcance podría generar escenarios de indefensión.