La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene abiertas dos investigaciones contra elementos de la corporación por presuntos abusos cometidos el pasado sábado durante la protesta convocada por la llamada Generación Z, la cual derivó en daños severos al Palacio de Gobierno. Las indagatorias están a cargo de la Dirección de Asuntos Internos y se centran en posibles excesos contra manifestantes.
Pese a estos señalamientos, ningún oficial que participó en el operativo ha sido separado de sus funciones. Trascendió que una de las carpetas está relacionada con la agresión a pedradas contra una reportera y un camarógrafo que cubrían la manifestación.
En total fueron enviados a la Fiscalía (Gráfico 1) 35 hombres, cinco mujeres y retenidos cuatro menores de edad. El gobernador Pablo Lemus aseguró que cuando menos 17 son de peligrosidad.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco informó que realizan acompañamiento a las personas detenidas y está abierta un acta de investigación.
Se informó que el miércoles 19 de noviembre, personal de las áreas Jurídica, Médica, Psicológica y de Guardia visitó Puente Grande, donde se encuentran recluidas las personas adultas. De acuerdo con la CEDHJ, 18 manifestaron su intención de presentar quejas formales, que se suman a dos previamente levantadas, para un total de 20 integradas al expediente de investigación.
El organismo también emitió una medida cautelar en favor de una persona trans, detenida y resguardada en un área distinta al género con el que se autoidentifica. La solicitud fue dirigida al comisario general de la Comisaría de Reinserción Social del Estado.
Este jueves se acudió a los albergues donde se encuentran menores de edad detenidos durante la movilización.
La Comisión pidió a la Fiscalía del Estado iniciar una carpeta de investigación contra servidores públicos y elementos de seguridad presuntamente involucrados en violaciones a derechos humanos por acción u omisión durante la protesta.
La CEDHJ defendió su actuación durante la protesta y señaló que el día de la marcha emitió una medida cautelar para garantizar la libre manifestación.
Tras las detenciones, personal de la Comisión acudió a Palacio de Gobierno para verificar que se brindara atención médica a las personas aseguradas como a policías lesionados.
El organismo indicó que toda la información difundida públicamente en redes sociales y medios será considerada como denuncia. Se informó que se abrió una investigación adicional por la agresión contra periodistas.
Las autoridades informaron que documentaron desde diferentes ángulos, incluso dentro de Palacio, la participación de varios de las 44 personas que fueron enviadas a Fiscalía por los daños a Palacio de Gobierno. Algunos detenidos, al momento de su detención estaban manchados con pintura rosa y azul, que se lanzó por parte de los antimotines y que implican que estas personas estuvieron a corta distancia del edificio durante los ataques, por lo que se presume su participación. Además se recoelctaron evidencias videográficas y soporte documental.