Aplanadora avala Ley de Aguas; oposición advierte que campesinos podrían ser despojados
CDMX
Fecha: 04-12-2025
El oficialismo morenista volvió a aprovechar su mayoría legislativa para aprobar en sus términos la Ley General de Aguas.
Oposición y expertos en la materia, advierten que las modificaciones promueven opacidad y uso político de los recursos hídricos en México.
Como un acto de justicia hídrica, así definió la mayoría morenista la aprobación de las reformas a la ley general de aguas, votada tras una maratónica jornada en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, ignorados quedaron los reclamos de campesinos y congresistas de oposición que advierten amenazas a la certeza jurídica y a la gestión eficiente del agua.
El riesgo más significativo de estas reformas es la centralización extrema
Con los cambios, el artículo 22, elimina la transferencia libre de concesiones entre particulares, obligando a que toda transacción pase por una reasignación federal.
Esto, concentra decisiones sensibles en Conagua, abriendo la puerta para el uso político del recurso.
La centralización se agrava con el artículo 37 bis 1, que permite reasignaciones automáticas y exprés, en 20 días, sin obligar a la autoridad a revisar la disponibilidad hidrológica de la cuenca, favoreciendo la discrecionalidad sobre el rigor técnico.
A la fecha, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado 531 mil 122 concesiones a particulares, sin embargo, una de cada diez, hacen un uso distinto al indicado.
La ley también genera incertidumbre jurídica (art. 49).
Antes de la reforma, si el campesino quería vender su parcela con una concesión de agua, podía transmitir la concesión de agua.
Ahora, si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se tiene que someter a un nuevo procedimiento del gobierno, el cual tendrá la última palabra sobre la propiedad y uso del recurso hídrico.
Al respecto, el coordinador del PRI en la cámara baja, Rubén Moreira, advirtió que el mecanismo de reasignación podría ser usado para despojar o reducir volúmenes a los campesinos bajo el argumento de "uso inadecuado".
Aunado a esto, se acusó la falta de consulta indígena y de presupuesto para hacer realidad estas polémicas reformas.
Con información de Ernesto Santillán
