El reciente asesinato del alcalde de Uruapan se suma a una serie de asesinatos de autoridades locales en distintas entidades del país; expertos advierten que el nivel municipal es el eslabón más débil frente al crimen organizado.
La creciente ola de violencia contra autoridades locales alcanzó un punto crítico con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante un acto público por el Día de Muertos. Su muerte ha encendido focos rojos en el Gobierno federal y las agencias de seguridad, tras registrarse diez asesinatos de presidentes municipales en los últimos 12 meses.
De acuerdo con registros oficiales, esta escalada comenzó el 6 de octubre de 2024 con el homicidio de Alejandro Arcos Catalán, alcalde priista de Chilpancingo, Guerrero. Desde entonces, municipes de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán han sido blanco de atentados.
El caso de Manzo ha provocado indignación social y protestas en Michoacán, además de manifestaciones en otros puntos del país. Lo que más alarma a las autoridades es que el edil contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a inicios de este año, lo que evidencia la vulnerabilidad incluso de quienes se encuentran bajo resguardo oficial.
En Uruapan, una ciudad de 360 mil habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya, lo que ha convertido al municipio en una zona de alto riesgo.
"El municipio es el eslabón más débil"
En México existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Este último, }es el más frágil frente al control territorial del crimen organizado consideró el académico Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
"En un país donde la ley es federalista, pero la práctica es centralista, el municipio es el que sale peor parado en términos presupuestales. Eso explica no solo los problemas de seguridad, sino también los de servicios urbanos y salud".
Donde inicia el control criminal
Según la organización Data Cívica, en su informe Votar entre Balas, casi el 80% de las víctimas de violencia político-criminal en México pertenecen al ámbito municipal. En lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques contra actores políticos, el 88% de ellos dirigidos a autoridades locales.
Oliva advirtió que las policías municipales carecen de recursos y capacidades para enfrentar al crimen organizado, lo que las deja expuestas ante los grupos armados que disputan el control territorial.
Un mensaje de desafío e impunidad
El especialista consideró que "el asesinato de Manzo es un mensaje de impunidad y desafío al Gobierno... por un lado, evidencia la falta de responsabilidad de los gobiernos estatales; por otro, la ausencia de estrategias efectivas para desmantelar las estructuras criminales".
El especialista añadió que entidades como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también enfrentan altos niveles de violencia política y criminal.
Finalmente, lamentó que entre los cuatro puntos del Plan Michoacán, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se incluya un apartado específico sobre el desmantelamiento de actividades delictivas, pese a que el crimen organizado sigue siendo el principal factor de inestabilidad en el estado.