Familiares y autoridades comparten responsabilidad en la protección de derechos.

Las personas que actualmente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el municipio, pueden enfrentar distintas afectaciones a sus derechos humanos, particularmente cuando su situación se relaciona con problemas severos de adicciones, por lo que requieren atención institucional y médica, sin discriminación ni criminalización, señaló José Luis Hernández Galicia, delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tuxpan.
Hernández Galicia explicó que estas circunstancias deben abordarse desde una perspectiva de salud y protección de derechos, debido a que estos son interdependientes: cuando uno resulta afectado, otros también pueden verse comprometidos, como la dignidad, la integridad personal y el acceso a servicios médicos.
En comparativa con el año pasado en Tuxpan, durante este 2026 la Delegación Regional de Derechos Humanos no ha registrado situaciones donde haya un acercamiento por parte familiares o por voluntad propia de la persona afectada, precisó José Luis Hernández Galicia, aunque recordó que anteriormente sí se han presentado casos que han requerido orientación y acompañamiento para acceder a servicios especializados de salud.

Familiares e instituciones deben intervenir
Hernández Galicia indicó que los familiares deben promover y proteger el derechos de la persona vulnerada, en ocasiones los mismos suelen ser el primer vínculo para buscar ayuda y gestionar la canalización de las personas hacia las instituciones de salud correspondientes.
Sin embargo, cuando las autoridades sanitarias no cumplen con su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, la Comisión puede intervenir dentro de sus atribuciones, mediante orientación, acompañamiento y las gestiones necesarias ante las instancias involucradas.
Agregó que las propias personas en situación de vulnerabilidad también pueden acercarse a la Comisión para solicitar apoyo, quienes brindan la canalización correspondiente a los centros de rehabilitación.
Protección especial para menores de edad
En los casos que involucran a menores de edad en situación de vulnerabilidad interviene la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, instancia que realiza una valoración para determinar las medidas de protección y canalización correspondientes con la Fiscalía del Estado para determinar lo conducente.
Hernández Galicia recordó que las corporaciones policiales también deben actuar con respeto a los derechos humanos y orientar estos casos hacia las instancias competentes, evitando criminalizar a quienes atraviesan condiciones de vulnerabilidad.
La condición de vulnerabilidad no debe ser motivo de discriminación ni de tratos que atenten contra la dignidad de las personas, por lo que insistió en la importancia de que familiares y autoridades actúen de manera coordinada para garantizar su acceso a la atención y la protección de sus derechos humanos.
