El presidente de transición de Perú, José Jerí, encabezó este sábado un operativo en los distritos del Cercado de Lima y Santa Anita, como parte del refuerzo de seguridad ordenado tras la actualización del estado de emergencia en la capital y en la vecina provincia del Callao.
El despliegue ocurre en medio de protestas ciudadanas por denuncias de abusos policiales y uso excesivo de la fuerza, incluso organizaciones civiles han pedido revisar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la Presidencia peruana, Jerí supervisó controles de identidad y patrullajes combinados de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y agentes municipales, dirigidos a detectar personas con ordenes de captura o vehículos irregulares.
Además, anunció la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, que agrupará a la Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades locales para coordinar acciones de seguridad.
También se reforzará la vigilancia con drones, cámaras y monitoreo satelital, así como mayores controles en los centros penitenciarios.
Jerí, el séptimo presidente del país en menos de una década, intenta proyectar una imagen de mano dura y cercanía al estilo de Nayib Bukele, mientras enfrenta acusaciones de violación y corrupción, además de críticas por comentarios sexistas en redes sociales.
Su llegada al poder no ha calmado la crisis. Analistas y colectivos aseguran que su gobierno representa la continuidad del régimen de Dina Boluarte y denuncian que las principales instituciones del Estado el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, permanecen controladas por los mismos grupos políticos.
El mandatario insiste en que su prioridad es "la guerra contra el crimen", pero las cifras reflejan un país en alarma: solo en agosto se registraron 209 homicidios y las extorsiones se duplicaron desde 2018.
Mientras tanto, las calles siguen llenas de jóvenes que lo acusan de ser "más de lo mismo" y exigen un presidente "intachable".