Armonización de Ley de Movilidad busca reducir siniestros viales
Un total de 18 estados del país están en proceso de armonizar su legislación con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, entre otros, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Hasta el 24 de agosto, fecha en que la dependencia federal realizó un taller de armonización legislativa local en la materia, solo 12 estados habían actualizado sus marcos normativos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.
Se dio a conocer que, en promedio, más de 40 personas mueren a diario por siniestros viales, por lo que la ley general busca que estas cifras disminuyan un 50 % para el 2030.
También busca dar forma al derecho constitucional de la movilidad, bajo la premisa de que las ciudades demandan una movilidad efectiva y accesible para todos; tiene un enfoque de responsabilidad compartida y necesita ser implementada en los estados.
Bajo ese contexto, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, llamó a los congresos locales a armonizar sus leyes con la nueva ley general, que entró en vigor en mayo del 2022.
Estas actualizaciones son clave para el futuro de los territorios, a fin de convertirlos en lugares más seguros. Es una ley que busca que la salud como sociedad mejore, ya que es un mecanismo que también nivela las grandes desigualdades que hay en el país.
El segundo desafío es garantizar la implementación de estas normas, por lo que insistió en que la planeación territorial es la mejor estrategia para avanzar en la materia.
El taller tuvo asesoramiento de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México, en el marco del proyecto "Transición hacia un Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público en México (TranSIT)".
Otras entidades pendientes de hacer las reformas son: Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Además, dos entidades que no cuentan con marco normativo en la materia son Morelos y San Luis Potosí.