Los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, firmaron un acuerdo para establecer la coordinación institucional que permita proteger los derechos y garantizar los servicios a la población de la zona limítrofe, y de sus localidades que se encuentran comprendidas en la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Controversia Constitucional 121/2012.
Abogados chiapanecos que habían emitido un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que llegar a acuerdos mantiene la paz social entre la población, preservando la relación cultural que por generaciones ambas entidades han mantenido más allá de la zona fronteriza, sin embargo, aún queda en la expectativa el tema de las 160 mil hectáreas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a Oaxaca dichas tierras.