Falta de capacidad de la FGE preocupa a abogados chiapanecos

En Chiapas, surge la Asociación Nacional de Abogados y Peritos Independientes, (ANAPI), cuya finalidad es otorgar servicios de especialistas en derecho, peritajes, penalistas y demás, a la ciudadanía de escasos recursos.

Jesús Iván Robles González, presidente de la Conapi en Chiapas, explicó que, la Fiscalía General del Estado, en un 90 por ciento de los casos son en flagrancia, ya la policía agarra a un sujeto y se puso a disposición del Ministerio Público, es muy poca la capacidad de investigación y esto deriva en personas encarceladas sin llevar un debido proceso.

 "No tienen la capacidad para poder investigar, nosotros en lo que podríamos abonar es en dar asesorías a las víctimas, de estos delitos donde hay grupos vulnerables que son violentadas, víctimas de feminicidio".

De acuerdo con la Red de Familias Víctimas de Feminicidio, en Chiapas, se han registrado cuatro casos de feminicidas que han sido puestos en libertad por una mala integración del expediente, lo que deja a las víctimas indirectas sin acceso a la justicia.

"La mínima que dan por feminicidio es de 25 años y la máxima de 65, porque se está juzgando en el tiempo que fueron los hechos, fue en el 2016, entonces está dentro de la mínima".

Pero no solo existen casos de feminicidas puestos en libertad, por una mala integración de la Carpeta de Investigación, también hay personas en prisión que llevan años a la espera de un juicio, y que no cuentan ni siquiera con una sentencia.

Indígenas que han sido encarcelados por firmar una declaración que no estaba en su lengua materna por la falta de un defensor de oficio en lengua indígena, o personas que han sido encarceladas por fabricación de delitos que no cometieron como el maestro Alberto Patishtán, que fue liberado por un indulto presidencial.