Pese a decenas de denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante el propio ex gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sobre los crímenes, secuestros y desaparaciones documentadas feacientemente en contra de Gabriel Montolla Oceguera, ex síndico concejal de Altamirano y miembro del Partido Chiapas Unido de Conrado Cifuentes, permanece protegido y continúa sembrando el terror en diversas comunidades de esta cabecera municipal, quienes piden la intervención del mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo para frenar la ola de violencia generada desde hace muchos alños por quien encabeza el grupo delictivo "14 de agosto" dependiente de la COMACH.
Durante el pasado sexenio, Montolla Oceguera, quien gozó de la protección del ex gobernador que ahora despacha como cónsul de Miami, ha sido artífice de innumerables asesinatos, desapariciones forzadas y secuestro de más de 100 personas, entre ellas 67 comisariado ejidales, mujeres y jóvenes de la localidad, con el objeto de exigir dinero de las arcas municipales con las que ha mantebnido poor más de 10 años al seudo "grupo de autodefensa 14 de agosto que, en realidad, se trata de un brazo armado de los grupos criminales que aún operan en la zona.
En 2023, el 8 de agosto, el grupo armado "14 de agosto" atacó de manera directa y deliberada a una manifestación que los habitantes realizaban en el barrio Guadalupe y Las Casitas por incumplimiento de obras públicas por parte del entonces síndico concejal Gabriel Montilla Oceguera, quien ordenó a sus milicianos abrir fuego para dispersarlos y amenazarlos con privrarlos de la vida si volvían a encararlo, pues, hasta donde se sabía, el recurso público había sido desviado a las cuentas personales del funcionario municipal.
Esa misma noche fueron ejecutados a balazos en sus domicilios Óscar Hernández Sánchez y Enrique Hernández del barrio El Campo. En un video se ve que hombres armados, identificados como "El Gato" y "El Pocholo", iban a dordo de un volteo propiedad de Abisaí Álvarez, quienes fueron a dar muerte a ambas personas.
El 10 de octubre, tras haberse reunido con diputados del Congreso del Estado de Chiapas, para señalar y pedir el desafuero y cárcel para Montolla Oceguera, fueron secuestrados 67 ejidatarios y el comisariado ejidal Rogelio Hernández Gómez cuando retornaban a Altamirano. Fueron interceptados en la comunidad de Chanal por un comando armado que los trasladó en diversas camionetas a un lugar desconocido y allí les exigió se retractaran de su manifiesto ante el Poder Legislativo toda vez que esto comprometía al síndico concejal, quien hasta el momento continuaba con el saqueo de los recursos del municipio sin recibir un solo castigo. Pese a que la Fiscalía General del estado tomó conocimiento e inició Carpeta de Investigación, no hubo detenidos, pero quedó documentado que se trató de una acción abierta del grupo armado "14 de agosto".
Al día siguiente, el pueblo de Altamirano bloqueó diversos puntos de la cabecera municipal para exigir la liberación de los ejidatarios pero en menos de 24 horas les fue enviado un audio que les exigía levantaran dichas acciones o de lo contrario tomarían represalias contra los secuestrados: "Mira, hijo de tu puta madre, obedezcan si no sus familiares van a llegar por pedacitos en bolsas de nailon negro, ¿me escuchaste?"
De nueva cuenta, la Fiscalía General del Estado intervino y después de "una negociación", el grupo paramilitar comenzó a liberar de 20 en 20 a los secuestrados, pero no se llevó a cabo ninguna detención, por el contrario, el grupo armado de Montolla Oceguera continuó haciendo de las suyas como desde su creación cubieero por un manto de impunidad.
El 8 de septiembre de 2024, después de las elecciones en donde Gabriel Montolla Oceguera no pudo participar como candidato a presidente municipal de Altamirano, comenzó a sembrar el terrro junto con policías municipales a modo y en complicidad con la entonces directora de la policía municipal, con quienes trasladaban armas y municiones, como ocurrió con el ataque armado perpretado en los domicilios de Jorge Luis Jiménez, Carmelo Vázquez Pérez, Fernando López Gómez, Simeón Sánchez, a quienes privaron de la vida mientras una cámara captó el deleznable hecho que tampoco tuvo castigo pero que la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento y volvió a protegerlo.
El nuevo gobierno de Altamirano, encabezado por Gaspar Sántiz Gómez, pide al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al Fiscal General del Estado y al Secretario de Seguridad del Pueblo, volteen la vista hacia Altamirano, donde un grupo armado aún mantiene bajo zozobra al municipio pese a infinidad de denuncias que obran en robustas carpetas de investigación, muchas de ellas iniciadas desde hace más de cuatro años y a finales de 2024, y el señalamiento directo de Gabriel Montolla Oceguera, como autor intelectual y material de una docena de asesinatos y más de 100 secuestros durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, además de decenas de desapariciones forzadas.
"Hay miedo a que en cualquier momento pueden ser atacados a balazos a cualquier domicilio, porque las organizaciones señaladas (COMACH, PAPICH) están tomando el control de la cabecera municipal de Altamirano", puntualizó uno de los pobladores, quien clama justicia y la llegada del grupo especial de Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), porque en Altamirano aún no llegan las autoridades a poner orden como lo están haciendo en otros municipios donde también operaban grupos armados como el "14 de agosto" de Gabriel Montolla Oceguera.
Como parte de toda esa larga lista de fechorías, también es del conocimiento público que para apoderarse de 300 millones de pesos de la pasada administración de esa cabecera municipal, Gabriel Montolla Oceguera secuestró a la alcaldesa María García, al tesorero y a otros miembros del cabildo (como lo hizo el 30 de septiembre de 2021 con el entonces alcalde Roberto Pinto Kanter), a quienes mantuvo privados de su libertad durante un mes, mientras saqueban las arcas del Ayuntamiento. En un hecho por demás impune, el gobierno de Rutilio Escandón montó una "mesa de negociación" para la entrega de las autoridades a cambio de no castigar a los responsables, quienes hasta la fecha continúan gozando de libertad e inmunidad pese al eslógan del mandatario estatal Eduardo Ramírez Aguilar de "Cero impunidad".