¿La justicia en Chiapas es pronta y expedita?
"Desafortunadamente ha habido muchas carpetas que las mujeres han quedado sin justicia".
"Lamentablemente las cosas que hay sobre la corrupción es de años, es muy difícil quitarla".
"Tenemos retrasos, aunque haya cambiado la figura laboral de manera oral, sigue siendo un retraso administrativo enormemente".
? El Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos que impartirán las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Los juzgados son órganos del poder judicial encargados de resolver conflictos y controversias, en donde los jueces resuelven problemas y disputas entre personas con intereses opuestos, aplicando la ley a los hechos probados.
No obstante, la realidad es que, los procesos son muy lentos y en algunos casos, no velan por los derechos de las personas, sino, por intereses particulares.
"Que vieran lo que uno sufre como abogado, para que nos acuerden, la dilación, es un mundo en donde estamos cambiando ciertamente? lo que yo veo mal es el tiempo en que dictan una sentencia".
En los juzgados se resuelven asuntos de diferentes materias como lo civil, penal, familiar y mercantil.
Sin embargo, no todos los delitos se denuncian, pues, aunque no hay datos específicos sobre el nivel de confianza al poder judicial, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, estima que, en 2023, en el estado de Chiapas, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos destacan la pérdida de tiempo con 25 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 10.4 por ciento.
Quienes han tenido que enfrentar procesos judiciales, señalan que, en muchos casos, es desde la fiscalía donde surgen las irregularidades.
"Llegas a manos de un juez y ese juez no va a juzgar, sino por una mala carpeta de investigación, desafortunadamente ha habido muchas carpetas en donde mujeres han quedado sin justicia".
En Chiapas se estima que en el 96.6 por ciento de delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Por ello, indican que las reestructuras deben comenzar desde las fiscalías.