La ciudad que ayuda a inmigrantes tras semanas de redadas federales

La ciudad de Los Ángeles proporcionará apoyo monetario inmediato a las personas impactadas por las operaciones de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump, las cuales han afectado a la metrópolis por más de un mes. Este anuncio fue realizado por la alcaldesa Karen Bass

La alcaldesa detalló que la asistencia se entregará en forma de tarjetas de débito, cada una con un valor aproximado de 200 dólares, y su distribución comenzará la próxima semana. Según Bass, "existen individuos que evitan salir de sus residencias, que no asisten a sus empleos y requieren liquidez", información citada por el periódico Los Angeles Times.

Es importante señalar que estos recursos económicos no provienen de las arcas municipales. El capital destinado a esta iniciativa ha sido recaudado gracias al generoso aporte de donantes particulares y entidades filantrópicas. La distribución de estas tarjetas será gestionada por organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, conforme lo reportado por la prensa. A la fecha, los criterios de elegibilidad para acceder a esta ayuda financiera no han sido divulgados públicamente.

Las operaciones migratorias en Los Ángeles, que se extienden por cinco semanas consecutivas, han generado un ambiente de aprehensión, llevando a muchos jefes de familia a permanecer en sus hogares por el temor a ser arrestados y deportados. Bass también puso de manifiesto el panorama adverso que enfrentan las unidades familiares donde algún integrante ha sido detenido por las autoridades migratorias.

Es crucial destacar que entre los afectados se encuentran también ciudadanos estadounidenses, lo cual añade una capa de complejidad a la situación

Adicionalmente, la alcaldesa rubricó una orden ejecutiva que fortalece las directrices municipales existentes. Esta medida prohíbe el uso de activos de la urbe para tareas de aplicación de la legislación migratoria. La orden también amplía el acceso a servicios y recursos para las familias perjudicadas por estas acciones.

Se establece un nuevo grupo de trabajo dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con el fin de abordar estas circunstancias.

Finalmente, la orden solicita la entrega de registros por parte de agencias federales relativos a redadas que pudieran considerarse ilegales, buscando asegurar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos adecuados.