El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la apertura con la que ha participado en la revisión del nuevo marco jurídico del agua.
Esta reforma, impulsada por el Gobierno en las últimas semanas, ha generado un amplio debate entre legisladores, especialistas y sectores productivos debido a su impacto en el uso y distribución del agua en el país.
De acuerdo con el CNA, sus propuestas fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Señalaron que la mayoría de sus aportaciones se construyeron en conjunto durante los foros y audiencias públicas realizados en la Cámara de Diputados. El organismo afirmó que esta colaboración permitió mejorar el proyecto, especialmente en temas técnicos que afectan directamente al campo mexicano.
El Consejo explicó que sus planteamientos buscan proteger dos derechos fundamentales: el acceso al agua y el acceso a la alimentación. Por ejemplo, el CNA señaló que, si una comunidad no recibe suficiente agua para su consumo, o si un productor pierde acceso al recurso para regar sus cultivos, se afecta tanto la salud de las personas como la producción de alimentos. También destacaron la importancia de fortalecer la certeza jurídica, es decir, que las reglas sobre concesiones y uso del agua sean claras y estables para todos.

La reforma al marco jurídico del agua ha sido discutida durante varios años. Esto se debe a que la Ley de Aguas Nacionales fue derogada por orden de la Suprema Corte y desde entonces ha faltado una norma actualizada. Hoy, el proyecto forma parte de las prioridades de la presidenta Sheinbaum, junto con otros cambios en materia energética, judicial y de bienestar.
Aunque ha habido avances, el sector agropecuario mantiene preocupaciones. Entre ellas está el riesgo de que una nueva ley afecte concesiones de agua que muchos agricultores han tenido por décadas.
Por ejemplo, si un productor depende del agua de un pozo para regar 15 mil 500 metros cuadrados de cultivo, una modificación en su concesión podría reducir su productividad y poner en riesgo su ingreso. También existe inquietud por la seguridad alimentaria, ya que el campo requiere suficiente agua para mantener estable la producción de frutas, verduras y granos.
El CNA insistió en que el nuevo marco legal debe ser equilibrado y de largo plazo. Esto significa que no solo debe garantizar el derecho al agua para el consumo humano, sino también permitir que el campo siga produciendo alimentos de manera eficiente. Además, recalcaron que la ley debe ofrecer reglas claras que perduren en el tiempo, evitando cambios constantes que afecten a los agricultores.
El organismo expresó confianza en que el proceso legislativo llegará a un consenso amplio. Aseguró que continuará dialogando con el Gobierno federal hasta que se atiendan todas las preocupaciones de agricultores, ganaderos y agroindustrias. Recordó que México enfrenta cada vez más presión sobre sus recursos hídricos debido a sequías constantes, disputas por concesiones, crecimiento urbano y una alta demanda del sector agrícola, que consume cerca del 75% del agua disponible para consumo.
Finalmente, el CNA reafirmó su compromiso con el país y con el desarrollo del campo, destacando que seguirá participando de manera proactiva y responsable para contribuir a una reforma que beneficie a toda la población y fortalezca la soberanía alimentaria.