En los últimos días, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas que podrían cambiar de manera significativa la vida cotidiana de los ciudadanos en México.
Aunque las autoridades aseguran que estas medidas buscan fortalecer la seguridad y combatir el crimen, expertos advierten que también podrían implicar una vigilancia excesiva, poner en riesgo la privacidad de nuestros datos y abrir la puerta a posibles abusos de poder.
Uno de los cambios más relevantes es la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que ahora se requerirá tu CURP o RFC para activar un servicio de celular.
Además, las empresas podrán entregar tu ubicación en tiempo real si hay una orden judicial. Se sustituye el Instituto Federal de Telecomunicaciones por nuevas agencias que, según especialistas, podrían tener demasiado poder, como la posibilidad de cancelar contenidos considerados "amenaza", sin necesidad de notificar antes.
Otra reforma polémica es la que cambia por completo la naturaleza de la Guardia Nacional. Aunque fue creada como una institución civil, ahora dependerá directamente del Ejército y tendrá facultades para realizar investigaciones, intervenir comunicaciones y hasta usar perfiles falsos en redes sociales como parte de su trabajo.
Aunque se busca mayor eficacia contra el crimen, hay preocupación por el uso de estas herramientas contra personas inocentes, como activistas o periodistas.
Además, se aprobó el uso obligatorio de una nueva CURP biométrica que integrará foto, huellas dactilares e iris, y será el único documento válido para hacer trámites. Esto puede facilitar procesos como sacar un acta de nacimiento o renovar un pasaporte, pero también preocupa que tu información más sensible esté en una base de datos a la que accedan múltiples instituciones.
¿Qué pasa si esa información se filtra o se usa sin tu consentimiento? Cambiar tu dirección o tu contraseña es posible, pero no tu iris.
En temas de dinero, también habrá nuevos controles. Se endurecen las reglas para detectar operaciones con recursos ilícitos y se incluyen criptomonedas, asociaciones religiosas, fideicomisos y hasta partidos políticos como sujetos obligados a informar.
Estas reformas tocan temas sensibles y a pesar de que algunas medidas pueden ser necesarias ante problemas graves como el crimen organizado, muchos expertos coinciden en que deben aplicarse con transparencia, límites claros y mecanismos de rendición de cuentas. La preocupación no es solo qué se va a hacer con estas nuevas herramientas, sino quién las va a usar y con qué fines.