México unifica leyes para frenar la violencia contra las mujeres

El Gobierno de México informó este martes que ya trabaja de forma coordinada con los 32 estados del país para homologar la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual, recientemente reformado en el ámbito federal.

Este cambio es uno de los ejes centrales de la estrategia nacional para combatir la violencia contra las mujeres, especialmente después del episodio de acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum a comienzos de mes durante una caminata en el Centro Histórico.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal busca establecer criterios iguales en todo el país para prevenir, denunciar y castigar las agresiones sexuales. Es decir, que sin importar si una mujer vive en Chiapas o en Baja California, la ley funcione de la misma manera y proteja con los mismos estándares.

La funcionaria señaló que el objetivo es que "las mujeres se sientan más seguras, que denuncien y que la justicia avance".

Hasta ahora, 22 estados ya han presentado iniciativas locales para homologar la reforma; una ya fue aprobada en comisiones y diez estados más presentarán este martes sus propuestas como un acto simbólico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El compromiso (destacó Hernández) es que los 32 congresos estatales actualicen sus leyes.

La reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, como tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas.

Por ejemplo, si una persona roza a otra con intenciones sexuales en el transporte público sin su consentimiento, eso ya es abuso sexual. Las penas van de tres a siete años de prisión, además de multas que pueden ir de 200 a 500 UMA. Para dimensionar: 200 UMA equivalen aproximadamente a 25 mil pesos, y 500 UMA a unos 64 mil pesos. La ley también obliga a los agresores a tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y a realizar servicio comunitario. 

La legislación incluye agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, cuando exista violencia física o cuando haya más de una persona involucrada. Esto significa que si un funcionario agrede a una mujer o si dos personas participan en el mismo acto, la pena aumenta. 

Por su parte, Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, detalló que este proceso será acompañado por un programa nacional de capacitación dirigido a fiscalías y tribunales estatales. 

Esto busca mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la procuración de justicia, un punto que la funcionaria describió como "el mayor reto". Además, el Gobierno y las secretarías de movilidad estatales trabajan para reforzar los protocolos ante casos de abuso sexual en el transporte público, uno de los lugares donde más ocurren estas agresiones. 

Hernández recordó que el contexto es alarmante: 70.1% de las mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad ha enfrentado violencia sexual. Para dar un ejemplo claro: en un grupo de 10 mujeres adultas, al menos 7 han vivido algún tipo de agresión y cerca de 5 han sido víctimas de violencia sexual. "No es una exageración, es un problema estructural que requiere transformar leyes, instituciones y cultura", afirmó. 

Además del trabajo legislativo, el Gobierno lanzó campañas permanentes contra el abuso sexual, contra la violencia digital y también mensajes dirigidos a los hombres para promover un cambio cultural. Hernández subrayó que "la lucha por las mujeres no es contra los hombres, es contra el machismo". 

Finalmente, todas y todos los gobernadores del país firmaron 10 compromisos nacionales para apoyar y proteger a las mujeres, con miras a consolidar una respuesta uniforme y más eficaz en todo el territorio.