Mujeres denuncian violencia institucional en Chiapas

Cada año, las dependencias de todo el país reciben un recurso de más de 500 millones de pesos para capacitar a su personal, a través del Programa Nacional para la Igualdad de las Mujeres, que obliga a las dependencias del gobierno mexicano a capacitar a su personal en materia de género. Esta medida tiene la finalidad de fortalecer los procesos de sensibilización y capacitación al personal de todas las dependencias y generar espacios no discriminatorios y libres de violencia.

Sin embargo, las dependencias no aplican esta obligación, especialmente las dependencias que atienen víctimas de delitos. 

Una madre víctima de violencia vicaria, acudió a presentar su denuncia a las autoridades, asegura que, supuestamente ha sido revictimizada por funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Además su caso no avanza, por supuestos actos de corrupción de funcionarios del Tribunal de Justicia y la Fiscalía General del Estado. 

 "Les pregunto, dónde habrá justicia para las mujeres, o esperarán encontrarme en pedazos como ha sucedido con tantas mujeres que no fueron escuchadas por no tener influencias". 

Actualmente, su hija de apenas cinco años, se encuentra en poder de su ex pareja, durante un año le negaron las convivencias. Recientemente ha sido objeto de denuncias de presunta violencia sexual contra la menor.

 "Esto está siendo inventado y manipulado para perjudicarme continuando con la violencia en mi contra y lo hacen contando con la protección de la jueza".

14 familias víctimas de desplazamiento interno hace nueve años del ejido Puebla Chenalhó, denuncian que las autoridades no les dan respuesta en este conflicto post electoral, en donde estas familias tuvieron que abandonar sus hogares, por los ataques perpetrados por un grupo paramilitar. 

 "Nuestra profunda preocupación por falta de resultados sólidos, en la atención a nuestra solicitud de ubicación digna, segura, conforme a los estándares que establece la legislación nacional". 

Estas personas desplazadas en 2016, señalan que han sufrido de abandono institucional desde pasadas administraciones, no les han dado un seguimiento integral, no pudieron retornar a su comunidad y luego de dedicarse a labrar sus tierras, y a cosechar, tuvieron que dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir. 

Una joven de 18 años, denunció que su madre falleció mientras sostenía un litigio por despido injustificado presuntamente cometido por la directora del DIF estatal, hace 15 años, la obligaron a firmar su renuncia. Y por la muerte de su madre, ella se hizo cargo de su hermano de un año de edad y dio seguimiento al litigio. 

El resultado le favoreció, sin embargo, el DIF, se niega a pagar lo que le corresponde a estos dos hijos de una mujer que por más de una década prestó sus servicios. 

"Fue amenazada que si no firmaba el documento le iban a cerrar todas las puertas, yo lo que busco es antes que todo la justicia mi hermano en este momento gozaría de una pensión". 

Adriana Gómez, ha luchado por el esclarecimiento del delito de feminicidio de su hija Jade, las autoridades de la pasada administración insistieron en que su hija se suicidó, se realizó un peritaje que demuestra lo contrario, fue hasta la presente administración que se reabrió la Carpeta de Investigación y fue por la presión social, a través de un bloqueo en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado. 

 "Años de pedir justicia, el asesino no solo mató a mi hija, me mató también a mí, ni siquiera le he dado un luto que ella se merece realmente".

Tania Robles, ex directora del Instituto del Deporte, fue llamada a comparecer, y de encontrarle responsabilidades por omisión, podría ser inhabilitada por los próximos diez años en el servicio público.

Existen tipos de violencia contra las mujeres, y la violencia institucional se ha cometido en pasadas administraciones, esta violencia especialmente cuando se trata de víctimas de algún delito y no alcanzan justicia, es la que más lastima.