El 26 de mayo se cumplen nueve años del desplazamiento forzado de 14 familias que tuvieron que salir del ejido Puebla, Chenalhó, por un conflicto post electoral del 2015, expulsados por grupos paramilitares, durante el cambio de administración del periodo de la alcaldesa emanada del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM), Rosa Pérez Pérez.
Araceli Cruz López, vocera de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó, menciona que salieron a punta de balazos en 2016, y en este caminar en exigencia de justicia, han transcurrido nueve años y no hay detenidos por el asesinato de su papá Guadalupe Cruz Hernández, ni se han dado las condiciones para retornar a sus viviendas que ya las dan por perdidas.
"Fue asesinado mi papá el día del desplazamiento, no hubo justicia más que nada, cuando estuvo el otro gobernador que ya salió. Se comprometieron a dar el seguimiento a dar una solución resolutiva".
En Chiapas se han registrado desplazamientos por disputas post electorales, conflictos religiosos y políticos, inseguridad y fenómenos naturales. En la pasada administración, en 2024, pobladores de la Sierra chiapaneca se refugiaron en Guatemala por el temor a ser reclutados por el Crimen Organizado.
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo restauró la seguridad en la sierra y quienes abandonaron sus hogares pudieron retornar. Ha sido el último desplazamiento registrado.
"Hubo mucho rezago social llevarles primero seguridad pública primero que era lo más importante, porque no se veían las condiciones para que llegaran maestros que llegara la Educación".
Lamentablemente, ese no fue el caso para los habitantes del Ejido Puebla Chenalhó, las 54 familias afectadas, que sumaban 256 personas, fueron expulsadas violentamente por negarse a apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Hoy siguen en San Cristóbal, lejos de su lugar de origen.
"Es un fenómeno que han atravesado varias comunidades y que ustedes los medios de comunicación han estado reportando y que organizaciones defensoras de derechos humanos han acompañado a las comunidades desplazadas".
Desde entonces, las víctimas han vivido en condiciones precarias en un campamento improvisado en una ex granja de pollos en San Cristóbal de Las Casas, enfrentando enfermedades y falta de atención médica adecuada.
En estos nueve años, han perdido la vida cuatro personas, una de ellas fue una bebé de apenas nueve meses, nació y murió desplazada, no tuvo acceso a salud, y hay niñas y niños que ya deberían de estudiar la secundaria pero no saben leer ni escribir.
"Los niños no aprenden y además no saben leer, no saben hacer la numeración, es complicado ver los niños que no saben escribir".
Este caso refleja la grave situación de desplazamiento forzado en Chiapas, donde miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos políticos y violencia, sin que las autoridades hayan implementado medidas efectivas para garantizar su retorno seguro o reubicación en condiciones dignas.