Persiste el delito de extorsión telefónica en Chiapas, asegura el Fiscal General

Recientemente, el Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la extorsión telefónica continúa afectando a familias chiapanecas, con 31 reportes registrados durante la última semana en distintos municipios de la entidad, donde Tuxtla Gutiérrez concentró el mayor número de denuncias, con 15 casos, seguida de Tapachula, donde se contabilizaron cinco, y San Cristóbal de Las Casas, con cuatro.

Otros municipios con reportes, son Frontera Comalapa y Yajalón que reportaron dos casos por municipio, mientras que Suchiapa, Chilón y Cacahoatán registraron uno cada uno, los principales hallazgos de las investigaciones es que las llamadas no se originaron en Chiapas, sino en centros penitenciarios de otras entidades del país.

Origen de la extorsión 

Según el análisis realizado por la Unidad Especializada de Combate a la Extorsión, el 48 por ciento de las comunicaciones procedió del Centro Federal de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, otro 25.8 por ciento fue identificado con origen en el penal de Altamira, Tamaulipas, mientras que el 25.8 por ciento restante se atribuyó al centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Forma de operación 

Llaven Abarca explicó que esta modalidad consiste en realizar llamadas desde centros de reclusión ubicados fuera del estado, pero dirigidas a personas que residen en Chiapas, con la intención de obtener dinero mediante amenazas o engaños.

La identificación de los puntos de origen constituye un elemento importante para las investigaciones, aunque la persistencia de los reportes evidencia que este delito continúa representando un riesgo para la tranquilidad y el patrimonio de las familias.

Los datos también muestran que Tuxtla Gutiérrez concentra prácticamente la mitad de los casos reportados durante el periodo, lo que coloca a la capital como el municipio con mayor incidencia de esta modalidad entre las denuncias registradas.

Estrategia de seguridad 

Ante este panorama, el combate a la extorsión telefónica requiere mantener las acciones de inteligencia, fortalecer la coordinación con autoridades penitenciarias de otras entidades y promover medidas de prevención entre la ciudadanía.

La Fiscalía mantiene el seguimiento de estos casos, mientras que los reportes registrados reflejan la necesidad de reforzar la información preventiva para evitar que más personas sean víctimas de engaños y amenazas telefónicas.