Perú condena a expresidente por conspiración para rebelión

Casi tres años después del caótico anuncio en el que Pedro Castillo intentó disolver el Congreso peruano en televisión nacional, la justicia dictó una sentencia que marca un nuevo capítulo en la crisis política del país

Este jueves, 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, luego de determinar que el golpe de Estado que buscaba no llegó a consumarse.

La Fiscalía había solicitado 34 años de cárcel por rebelión, pero el tribunal concluyó -por mayoría de dos votos contra uno- que el delito principal no se configuró.

Para los jueces, Castillo sí intentó atribuirse poderes que no le correspondían: el 7 de diciembre de 2022 anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, todo sin que existieran las condiciones constitucionales para hacerlo.

El fallo adelanta que ese mensaje no fue un simple pronunciamiento político, como argumentó Castillo, sino un acto de ruptura institucional. Tras leerlo, el expresidente se dirigió hacia la Embajada de México, lo que la Corte interpretó como un intento de obtener impunidad. Castillo ha negado esta versión y asegura que solo acompañaba a su familia.

La versión del expresidente

Durante el juicio, Castillo insistió en que no intentó un golpe de Estado. Alegó que lo leído fue un "discurso político" impulsado por un "clamor popular" y rechazó que estuviera huyendo cuando fue detenido por las autoridades.

Desde diciembre de 2022 permanece en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, tiempo que será descontado de su nueva condena.

Consecuencias para su círculo político

La sentencia también alcanza a varios de sus excolaboradores.

• Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros y actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, recibió 11 años y 5 meses de prisión. Según el tribunal, conocía el contenido del mensaje y también intentó llegar a la embajada tras el anuncio.

• Willy Huerta, exministro del Interior, obtuvo la misma pena, aunque de forma suspendida.

• Aníbal Torres, exjefe de asesores, fue sentenciado a 6 años y 6 meses, también con prisión suspendida.

• Castillo, en su última intervención, dijo que sus exministros "nada tuvieron que ver" con el mensaje difundido aquel día y asumió toda la responsabilidad política del acto.

La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 4 de diciembre, pero el veredicto ya refuerza un mensaje claro: la justicia peruana consideró el episodio de 2022 como un quiebre institucional en toda regla, aunque incompleto